Absuelta la abogada juzgada por una estafa masiva a inmigrantes
La Audiencia de Vizcaya ha absuelto a una abogada de Bilbao que había sido acusada en el primer juicio celebrado en Euskadi por una estafa masiva a inmigrantes. La sentencia, dictada el pasado viernes, no concede credibilidad a los hechos relatados por los denunciantes (49 ecuatorianos, aunque la investigación policial había elevado el supuesto fraude a 127) por sus "múltiples contradicciones". Además, no ve ningún delito de estafa de la letrada, Pilar Jiménez, por que cobrase 600 euros a cada inmigrante por tramitar sus documentos para regularizar su situación, peticiones que fueron luego desestimadas por la Administración.
La actitud de la procesada "resultará quizá reprochable profesional o dentológicamente por lucrarse a cuenta de esos anhelos, de esos equívocos y de esos estados de opinión ilusos. Pero, desde luego, no está incurso en delito de estafa", señala el fallo de la Sección Segunda de la Audiencia vizcaína.
Los hechos denunciados ocurrieron entre noviembre y diciembre de 2003. El juez instructor consideró que la letrada cobró a cada uno de sus clientes una media de 600 euros, "pese a que conocía perfectamente" que ninguno de ellos cumplía los requisitos de regularización y sabía también que para presentar las solicitudes en Vizcaya debían residir en este territorio, cuando en realidad vivían en Navarra. Agregó que las peticiones eran "modelos estandarizados, sin aporte de justificaciones documentales y señalando domicilios en Bilbao inexistentes".
Testimonio "errático"
La Audiencia estima que en este caso "concurren razones suficientes para no dar plena credibilidad y verosimilitud a los testimonios de los denunciantes". Uno de los principales argumentos de los inmigrantes -la promesa de que obtendrían su documentación- es desestimada en la sentencia: "Tampoco se acredita fuera de toda duda razonable que ésta [la abogada] les asegurase su legalización".
Los tres jueces que han examinado el caso consideran que el relato de los hechos, pese a las dificultades de expresión de los inmigrantes o su bajo nivel cultural, "no resulta consistente por errático y contradictorio".
Incluso si se diera credibilidad a las denuncias, agrega que no existe engaño porque los inmigrantes pagaron por sus expectativas "más o menos injustificadas", pero sin probarse que la abogada "iba a utilizar medios ilegítimos para conseguir la legalización, de lo que no consta que nunca hiciera jactancia". La resolución, que declara las costas judiciales de oficio, puede ser ahora recurrida ante el Tribunal Supremo.
