Defensa contrata por un millón de euros a un empresario demandado por estafa

El Ministerio de Defensa ha adjudicado a la compañía de servicios de alimentación y restauración Brassica Group, con sede en San Fernando (Cádiz), un contrato para suministrar comida a diversas unidades militares por valor de un millón de euros. Es el quinto contrato público que esta empresa recibe del Gobierno central en un año. Según consta en el Registro Mercantil, el presidente de esta sociedad es Manuel García Gallardo, ex dueño de Quality Food, contra quien la Abogacía del Estado ha interpuesto varias demandas y una querella por fraude, estafa y apropiación indebida por su relación con la Zona Franca de Cádiz. Esta sociedad, que anteriormente se denominaba Vega La Apreciad, ya ha recibido varias adjudicaciones.

Según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 11 de octubre, la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Segunda Inspección General del Ejército le ha adjudicado a esta compañía el servicio de restauración colectiva para diversas unidades militares. El valor de la adjudicación es de un millón de euros.

El primer contrato público asumido por Brassica se publicó el 27 de septiembre de 2006. Su objeto era abastecer de comida al centro penitenciario de El Dueso (Santoña, Cantabria), por un importe de 401.230 euros. El segundo contrato le llegó sólo tres meses después. El 22 de diciembre de 2006 el BOE publicaba una resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por la que se adjudica el contrato para la provisión, elaboración y servicio de raciones alimenticias a personas ingresadas en centros de internamiento de extranjeros y estancia. Brassica Group recibió el contrato para servir en el centro de Murcia por un valor de 250.000 euros.

El tercer contrato fue publicado en el BOE en enero de este año. Defensa, a través de la misma Jefatura que suscribe la última adjudicación, le había concedido el suministro de víveres a Brassica por un valor de 30.528 euros. Entonces la empresa de García Gallardo era una entre las nueve adjudicatarias.El cuarto contrato lo firmó la compañía alimenticia para dependencias del Estado en la provincia de Cádiz. El 7 de febrero de este año el BOE publicaba una resolución de la Dirección del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de San Fernando, dependiente del Ministerio de Trabajo, por el que Brassica recibía un total de 86.178 euros, de una adjudicación más amplia que beneficiaba a otras dos compañías. El quinto y, hasta ahora, último contrato de la empresa, el firmado con Defensa por un millón de euros, ha sido el más cuantioso.

García Gallardo ya había recibido más contratos públicos cuando su empresa tenía otro nombre, Vega La Apreciada. Todas estas adjudicaciones estatales le han llegado a pesar del esfuerzo de la Abogacía del Estado por estrecharle el cerco para que devuelva el dinero del que presuntamente se apropió cuando dirigía Quality Food.

El empresario se dio a conocer como presidente de Nuevas Generaciones del PP de San Fernando. Su proyecto empresarial de Quality Food nació al amparo de las administraciones populares: el Gobierno de José María Aznar, el Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por Teófila Martínez, y la Zona Franca gaditana, cuyos delegados eran Manuel Rodríguez de Castro y su sucesor Miguel Osuna, los dos del PP. Entonces García Gallardo era defendido por los dirigentes del partido como "un modelo empresarial".

Quality Food consiguió en poco tiempo desarrollarse y ampliar mercado con varias naves en la capital y una división en El Puerto de Santa María. La compañía llegó a tener casi 500 trabajadores y hacerse con una buena cartera de pedidos de varios ministerios y también algunos comedores escolares dependientes de la Junta.

En diciembre de 2003 la Zona Franca optó por hacerse con la mayoría de acciones de la compañía. Fue el principio de numerosos pleitos desde el recinto fiscal contra García Gallardo, que se iniciaron cuando en la etapa de Osuna y que han continuado durante la gestión del socialista José de Mier. La última medida judicial la ha acordado la Abogacía del Estado al ampliar la querella presentada contra el empresario por un delito de estafa.