La Sala Penal del TSJC, paralizada al no cubrirse tres de sus cinco plazas
El bloqueo, desde hace meses, obliga a nombrar un instructor del 'caso Pallerols'
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) está en cuadro. Dos de las cinco plazas están vacantes desde hace meses y otra magistrada, Teresa Cervelló, está de baja por enfermedad desde antes del verano. Por tanto, sólo están cubiertas dos plazas. Una es la de la presidenta, María Eugenia Alegret, que está exenta de instruir causas penales. La otra corresponde a Carlos Ramos, que había sido fiscal durante 21 años antes que juez y, por tanto, debe abstenerse de investigar algunos casos que impulsó.
El Consejo del Poder Judicial convocó las plazas, pero aún no ha resuelto nada
El porqué de que no se cubran las dos vacantes hay que buscarlo en la parálisis que sufre el Consejo General del Poder Judicial, que convocó las plazas pero no ha resuelto nada por la falta de acuerdo entre los vocales. La plaza de Núria Bassols quedó vacante en mayo, cuando fue nombrada directora de la Escuela Judicial. La de Guillem Vidal está por cubrir desde su fallecimiento, el pasado 23 de marzo.
Para la plaza de Bassols se presentaron 14 solicitudes. Siete de esos peticionarios optan también a la vacante que dejó Vidal. Si el desacuerdo en el Poder Judicial persiste, todo indica que la mayoría conservadora acabará por imponer su criterio, una vez más, y nombrará a magistrados de su cuerda.
La consecuencia más visible de esta situación en la que se encuentra la Sala Civil y Penal es el caso Pallerols, relativo a la supuesta financiación irregular de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) a través del dinero para los cursos de formación para parados procedente del Departamento de Trabajo de la Generalitat en la época de Pujol. La instructora del caso era Teresa Cervelló, pero a causa de la enfermedad que padece, la investigación del caso ha estado meses paralizada. Hace apenas dos semanas, Alegret nombró a otro instructor. Es Ramón Foncillas, presidente de la Sección 17 de la Audiencia de Barcelona y, por tanto, ajeno al TSJC. Es el mismo procedimiento utilizado en otros casos en los últimos meses para poder dictar alguna sentencia ante la imposibilidad de constituir el tribunal por falta de jueces.
La Sala Civil y Penal es el tribunal que decide la admisión y tramitación de las querellas que se presentan contra aforados. También es el tribunal que, llegado el caso, los enjuicia: miembros del Gobierno catalán, parlamentarios autonómicos y jueces. Es la sala que decidió el archivo de la querella por el caso de la corona de espinas contra Josep Lluís Carod. O la que debería haber decidido sobre la querella por injurias presentada por CDC contra Pasqual Maragall, a raíz de la famosa frase de "ustedes tienen un problema que se llama 3%". En ese caso la querella se retiró y no hizo falta resolución judicial.
Es también la sala que, llegado el caso, deberá decidir sobre la denuncia contra el consejero Joan Puigcercós por espionaje del correo electrónico y es el tribunal que en su día investigó, juzgó y condenó al ex juez Luis Pascual Estevill y al abogado Joan Piqué Vidal por prevaricación, tráfico de influencias y detención ilegal. O al magistrado de la Audiencia de Barcelona Santiago Raposo, por prevaricación. Quien presidió ambos tribunales fue Guillem Vidal y quien actuó como fiscal y se batió el cobre por la condena fue el entonces fiscal Carlos Ramos.
Ahora deberá ser el juez Foncillas quien decida qué hace con el caso Pallerols, que se arrastra desde hace ocho años y que si está en el TSJC es porque implica a un diputado autonómico. Es Enric Millo, que era de Unió y ahora ha sido elegido en las listas del PP por Girona.
