Los dueños de la inmobiliaria Urbancasa serán juzgados en San Sebastián

Ángel Crespo y su esposa, María Victoria Ferrer, propietarios de la inmobiliaria donostiarra Urbancasa, acusados de una supuesta estafa en Guipúzcoa y Navarra, ya están en manos de la justicia. Tras más de cuatro meses en paradero desconocido, fueron detenidos en la noche del pasado lunes durante un control de alcoholemia de los Mossos d'Esquadra en L'Aldea (Tarragona).

Una treintena de familias guipuzcoanas y navarras acusa a este matrimonio de apropiarse del dinero que adelantaron -unos 900.000 euros en total- para comprar unas viviendas que nunca recibieron.

Los responsables de Urbancasa prestaron ayer declaración ante el juez de Instrucción número 3 de Tortosa. Tenían pendiente una orden de búsqueda y captura por varias estafas.

El juez decretó la prórroga de la detención de ambos tras interrogar a Crespo y decidió traspasar las diligencias al Juzgado de Instrucción número 5 de San Sebastián, donde deberá declarar Ferrer. Hasta ahora, los propietarios de Urbancasa habían desoído al menos dos citaciones judiciales cursadas por los juzgados de la capital guipuzcoana encargados de investigar las denuncias interpuestas por varios afectados.

"No habrá más casos"

Se trata de familias de Guipúzcoa y Navarra que fiaron a los titulares de esta inmobiliaria cantidades que van desde los 2.000 hasta los 124.000 euros para reservar unos terrenos en los que iban a edificar sus viviendas. No han vuelto a ver su dinero y tampoco recibieron las llaves de las casas. Crespo y Ferrer, quienes en junio pasado bajaron la persiana de Urbancasa, cuya sede está situada en el centro de San Sebastián, podrían haber empleado la misma argucia para estafar a otras familias de Valladolid, Logroño, Málaga, Cantabria y Galicia, según sospechan los perjudicados.

La detención de Crespo y Ferrer ha producido "mucha tranquilidad" a los damnificados, porque significa que "no van a poder estafar a más personas", declaraba ayer a este periódico uno de los perjudicados. "No sabemos si se podrá recuperar el dinero que nos han robado, porque la sociedad no tiene fondos, pero al margen de esto, ahora tenemos la certeza de que no habrá nuevos casos", añadió.

Esta persona considera "negligente" la actuación realizada en esta causa por la Dirección de Consumo del Gobierno vasco, que archivó una reclamación referida a este supuesto caso de fraude inmobiliario. Los afectados analizan la posibilidad de presentar una denuncia conjunta contra los responsables de la inmobiliaria.