Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
La investigación del 11-M

Los 'agujeros' en la seguridad estatal facilitaron el 11-M

Interior carecía en 2004 de un control eficaz de explosivos y de vigilancia a terroristas islamistas

Un fallo colectivo del sistema. Los investigadores policiales y políticos del 11-S escribieron esa frase para resumir qué tendría que haber funcionado y falló en aquella mañana que cambió el mundo y en los meses previos. España ha sido incapaz, hasta ahora, de asumir que sus instituciones políticas, judiciales y policiales cometieron una serie de fallos fatales que desembocaron en el 11-M. Lo que falló o parte quedó al descubierto durante las sesiones de la denostada Comisión de Investigación del Congreso y quedó rematado durante el juicio del 11-M.

- Informes ignorados. Los servicios de seguridad elaboraron entre 2002 y 2004 hasta 10 informes que alertaban de la progresiva radicalización de elementos islamistas, que estaban abandonando la idea de que España era una retaguardia para convertirla en objetivo. Recogían, además, la amenaza explícita lanzada por Osama Bin Laden en octubre de 2003 contra España por su implicación en la guerra de Irak.

- El aviso de Casablanca y el caso de Abú Dada. La desarticulación de la célula de Edin Imad Barakat, Abú Dada, por su presunta relación con el 11-S, y el paso por España de Mohamed Atta alertaron a los servicios antiterroristas. El ataque contra EE UU tuvo una fase de preparación aquí. Peor fue comprobar cómo Abú Dada o Jamal Zougam tenían relaciones con los autores de los ataques de Casablanca.

- Pesquisas fallidas. Hasta siete investigaciones tuvieron como objetivo a personajes del 11-M. Aunque aparentemente estaban rodeados, gente como Jamal Ahmidan, El Chino; Serhane el Tunecino, o Allekema Lamari eludieron el control. La mayoría de esas pesquisas no eran por terrorismo. Como las llevadas a cabo por la Guardia Civil tras las confidencias de Rafá Zohuier o las de la policía en la Operación Pipol, en la que fueron detenidos José Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro. Eran por droga.

- La descoordinación. Ninguna de esas siete investigaciones fueron compartidas por los distintos cuerpos de seguridad. Incluso en el seno de la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa (UCO) recelaba de sus compañeros asturianos y éstos entre sí. Las comandancias de Oviedo y Gijón se pelotearon el chivatazo de Zohuier.

- Medios escasos. La comisión del Congreso reveló la falta de medios que tenían los servicios antiterroristas para el islamismo radical, porque estaban volcados en ETA. No había suficientes traductores ni en los servicios policiales, ni en los juzgados ni en las prisiones. Las cintas grabadas en las cárceles sobre islamistas o las obtenidas de pinchazos telefónicos o no se escucharon o se destruyeron.

- El descontrol de los explosivos. Quedó patente que la vigilancia de las minas y de los explosivos que dormían en los minipolvorines al aire libre era muy deficiente. Cuando se hallaron 16 cartuchos de Goma 2 durante la Operación Pipol no se investigó su origen. En mina Conchita, de donde salieron los explosivos del 11-M, no había vigilancia y se dejaban cartuchos ocultos "detrás de tablones". Más de 200 kilos de explosivos salieron de esa mina.

- El caos de los confidentes. El CNI tenía controlado con un confidente a Lamari. El policía de Asturias Manuel García, Manolón, había recibido confidencias sobre explosivos del propio Trashorras. Y la Guardia Civil supo del trasiego de la dinamita asturiana gracias a Rafá Zohuier. Mientras, la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) de la policía había tenido al confidente Cartagena en el núcleo original de la célula que acabó perpetrando el 11-M. Ninguna de estas unidades hablaron entre ellas antes del 11-M. ¿Qué pasó con la información de los confidentes? Engañaron o se sintieron engañados.

- Un error judicial. Allekema Lamari, uno de los siete suicidas de Leganés, tenía que haber estado preso el 11-M. Pero un error del magistrado de la Audiencia Nacional Francisco Castro Meije provocó que quedara en libertad el 29 de junio de 2002. El 7 de noviembre, el CNI elevó al secretario de Estado, Ignacio Astarloa, un informe en el que alertaba del peligro de Lamari y de que habían perdido contacto con él. No se cursó una alerta.

- Bajo la alfombra. La verdadera conspiración es ésta: el intento de muchos de los que fallaron en su trabajo, antes o después del 11-M, de tapar sus errores. Miembros de la UCIE, de la UCO, de la Guardia Civil de Asturias, del CNI y de otras muchas unidades maniobraron para ello y dieron pábulo a estrambóticas teorías como que los GAL, ETA, los islamistas, el PSOE y servicios secretos extranjeros colaboraron en el 11-M. Ahora hablan de golpe de Estado de la oposición.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 22 de octubre de 2007