El memorial democrático

A cinco kilómetros de Dieppe (Alta Normandía) se encuentra el cementerio militar de Versus, popularmente conocido como el cementerio de los canadienses, sobrecogedor testimonio de una de las operaciones más trágicas de la II Guerra Mundial. Faltaban todavía dos años para el desembarco aliado de Normandía, y el mando aliado decidió un ataque frontal y suicida contra la línea de costa de Dieppe. Al alba del día 19 de agosto de 1942, un total de 6.000 soldados (5.000 de ellos, canadienses), apoyados por 4 destructores y 74 escuadrillas de aviones aliados, desembarcaban simultáneamente en cinco puntos de la costa. A las once de la mañana comenzaba la evacuación, y a la una de la tarde se daba por finalizada la operación, con un saldo de casi 1.000 muertos y 2.000 prisioneros. Pero se había logrado el objetivo encubierto del desembarco: Hitler retiró tropas del frente del Este, donde el Ejército alemán amenazaba Stalingrado, para desplazarlas al frente occidental.

Europa está llena de cementerios militares y de espacios de la memoria, desde los campos de concentración hasta Oradour sur Glane, la localidad francesa arrasada -con todos sus habitantes- por el Ejército alemán como represalia al desembarco aliado, o las Fosas Ardetianas, la última gran felonía nazi contra la resistencia italiana, pasando por los campos de exterminio y el monumento-laberinto del Holocausto en Berlín. En Creta impresiona el cementerio británico encarado al mar, pero también el recogimiento y la austeridad del cementerio alemán. Unos y otros son los testimonios mudos de tantos millones de jóvenes que perdieron la vida en la hoguera de la guerra encendida por el fascismo y que, en cierta medida, tuvo su amarga prolongación en la brutal dictadura impuesta por Stalin en la URSS y, con diversas caras y matices, a gran parte de Europa Oriental. En cuanto a España, el franquismo puso lápidas en recuerdo de sus "caídos" y construyó un faraónico monumento funerario para ensalzar la gloria del dictador.

De la comparación de esta vasta geografía de la muerte surge, inevitablemente, una reflexión. Más allá de la justa reparación de la memoria de las víctimas, lo que resulta esencial es la reafirmación de los valores democráticos, único antídoto eficaz contra nuevos desvaríos totalitarios.

Ésa es la opción adoptada por el Gobierno de Cataluña cuando, en la exposición de motivos del texto de la Ley del Memorial Democrático que se está tramitando en el Parlamento catalán, y después de recordar la larga trayectoria de lucha por los derechos y las libertades democráticas, se afirma que "la grandeza de la democracia es que, a diferencia de los regímenes totalitarios, es capaz de reconocer la dignidad de todas las víctimas de la intolerancia más allá de las opciones personales, ideológicas o de consciencia de cada uno. Es preciso el reconocimiento de todas las víctimas de la violencia política".

Se resuelve así uno de los escollos que resultaron más polémicos en las comparecencias previas a la tramitación del proyecto de ley: las víctimas de la represión en la retaguardia republicana que, en Cataluña, se convirtió en una implacable persecución religiosa. Incluso en casos como el de Manuel Carrasco i Formiguera, asesinado en Burgos por los sublevados en 1938, no se puede olvidar que tuvo que marchar de Barcelona amenazado de muerte.

Evidentemente, centrar la nueva ley en la reafirmación de los valores democráticos no excluye "una condena explícita del régimen franquista", ni "reconocer" de manera prioritaria "la memoria y la dignidad de todas las víctimas del franquismo", doblemente sentenciadas, a muerte y a ser olvidadas, pero, al mismo tiempo, "el sistema democrático debe reconocer también la memoria y la dignidad de las víctimas de la violencia política incontrolada en la retaguardia republicana".

Además, una ley como ésta, basada en la reafirmación de los valores democráticos, no es una ley de punto final y de ámbito territorial restringido, porque, en el futuro, la institución del Memorial Democrático deberá ejercer como observatorio de denuncia de todas aquellas situaciones donde sistemáticamente, todavía hoy, se conculcan los derechos y las libertades fundamentales.

Sería, pues, una grave responsabilidad política que las fuerzas políticas catalanas no llegaran a un acuerdo para impulsar la ley, ya que la institución resultante, a diferencia de otras iniciativas de recuperación de la memoria histórica, nace con la voluntad explícita de conmemorar "la memoria democrática por medio de la proclamación de la vigencia de los valores democráticos como un fundamento de organización y de convivencia de la sociedad catalana actual", y está destinada a dignificar también la memoria de todos aquellos que sufrieron "persecución a causa de sus opciones personales, ideológicas, religiosas o de consciencia".

Antoni Segura es catedrático de Historia Contemporánea y director del Centre d'Estudis Històrics Internacionals (CEHI) de la Universidad de Barcelona.