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Reportaje:

Cuatro años en el cargo con la corrupción en los talones

Las imputaciones por distintos delitos contra el jefe del PP en Castellón, presidente de la Diputación, se eternizan en el juzgado

La justicia no es rápida. Y el sistema jurídico español dispone de toda una serie de recursos para garantizar los derechos y la defensa de los presuntos autores de un delito. En ocasiones, esas garantías se convierten en el arma más apropiada para dilatar y dilatar procedimientos judiciales. El abogado del líder del Partido Popular en Castellón y presidente de la Diputación Provincial, Carlos Fabra, es experto en eso, según han reconocido algunos de sus compañeros. Incluso, los que comparten defensa o acusación con él.

En diciembre de 2003, Vicente Vilar, empresario y amigo de Carlos Fabra, presentó una querella contra el presidente de la Diputación castellonense, del PP, en la que le acusaba de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. La mediación que supuestamente ejercía Fabra ante los ministerios de Sanidad y Agricultura estaba encaminada a tratar de acelerar autorizaciones para la fabricación de los productos fitosanitarios del propio Vilar.

Desde que empezó a tramitarse el caso han pasado siete jueces por el Juzgado de Nules

Un empresario le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos

En medio de esta trama se desenvolvían dos empresas. Una del propio Carlos Fabra, llamada Carmacas, por la que el presidente del PP de Castellón cobraba importantes cantidades de dinero en concepto de asesoría de otra sociedad, denominada Artemis 2000, cuyas propietarias eran las esposas del dirigente político y el empresario de los fitosanitarios.

Un año después de la creación de Artemis 2000, Fabra tuvo unos ingresos extraordinarios en sus cuentas de 931.000 euros, aunque declaró a Hacienda que había cobrado 73.000 y consiguió 3.000 euros de devolución en la declaración de la renta. La Agencia Tributaria le abrió un expediente por un supuesto fraude fiscal de 149.000 euros por el que ahora está también imputado.

Casi cuatro años después de que se destapara el escándalo, el conocido como caso Fabra sigue en su fase inicial, con interrogatorios a testigos aún por celebrar, al margen de la práctica de múltiples pruebas que, con meses de dilación, se van aprobando. Todas ellas se incluyen en la investigación derivada de la imputación a Carlos Fabra ante la posible comisión de varios delitos contra la Administración pública (tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios) y un fraude fiscal. Además de la ralentización que ha supuesto la resolución de los recursos presentados, sobre todo por el líder del PP, el procedimiento judicial ha sufrido otras dificultades.

El caso Fabra se instruye en un juzgado "de pueblo" que habitualmente no es más que una plaza "de paso" para los jueces. Desde que empezó a tramitarse la querella presentada contra Fabra, han pasado por el juzgado de Nules hasta siete jueces distintos que se han tenido que responsabilizar de las actuaciones. En el caso de los fiscales, el procedimiento fue asumido, en un principio, por el entonces fiscal jefe de Castellón, Javier Arias, quien tuvo una sonada intervención durante el primer interrogatorio a Carlos Fabra a quien preguntó: "¿Usted arriesgaría su carrera política y profesional por la cuestión de tráfico de influencias máxime estando tan próximas las próximas elecciones generales y por un precio tan irrisorio como se ha cifrado aquí?".

Tras esas elecciones, la Fiscalía Anticorrupción apartó del caso a Arias y asumió la investigación en junio de 2004. Desde entonces, han sido cuatro los fiscales que han tenido que estudiar las cada vez más abultadas diligencias. Tantos han sido los cambios que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, llegó a reconocer en un momento que éstos podían "perturbar la marcha del proceso".

En cualquier caso, quienes se han mantenido en su sitio son los representantes de la Unión de Consumidores, los representantes de los usuarios, en consecuencia, de los ciudadanos, que apenas tres meses después de iniciarse el procedimiento solicitaron personarse en la causa. En este caso, se aceptó que lo hicieran como acción popular y no como acusación particular. Esta fórmula se utiliza porque realmente lo que ejerce la UCE no es una acusación a favor de los intereses de un particular sino la defensa de los derechos de todos y la protección de la legalidad, el servicio público y el respecto a la ley.

Así, argumentaron su legitimización para personarse en el caso abierto contra el presidente de la Diputación Provincial de Castellón alegando que entre sus fines se encuentra la defensa del consumidor y de los usuarios, también en el ámbito de las Administraciones públicas, y expusieron la posibilidad de un menguado control en la autorización de registros de productos fitosanitarios y, en consecuencia, el peligro que esto podía suponer para el consumidor. Además, arguyeron que, de probarse la alteración en el normal funcionamiento de la Administración se estaría alterando también el sistema al que son sometidos los usuarios. La Unión de Consumidores señaló que la "única intención y finalidad" era "ayudar al tribunal en las presentes diligencias de instrucción e investigación".

El caso es que la UCE ha sido durante estos años la parte más activa en la investigación del llamado caso Fabra. Entre otras cosas, solicitó los interrogatorios a los ex ministros del Gobierno de Aznar que intervinieron en alguna de las reuniones o encuentros en los que se trataron los fitosanitarios de Vilar, reclamó la intervención de peritos que estudiarán las cuentas de Carlos Fabra y logró que en una sola causa se acumulara la acusación por los supuestos delitos de tráfico de influencias y por fraude fiscal ya que, tal como indicaron, ambas pueden estar íntimamente ligadas y ser origen y consecuencia.

Los representantes de la UCE son reacios a aparecer públicamente y a expresar sus valoraciones sobre el procedimiento judicial abierto en Nules. Consideran que la acción de la organización debe limitarse únicamente a la defensa de la legalidad ante la posibilidad de que ésta se haya alterado con prácticas contrarias al derecho. Su intención es que se restaure el orden normativo y se penalice a quienes hayan podido pervertir y alterar servicios públicos.

En una cosa coinciden con Fabra, en su deseo de que el caso no se eternice más. Porque, después de casi cuatro años de investigación, sigue habiendo un cargo público, que revalidó su puesto en las últimas elecciones municipales del 27 de mayo y sigue cobrando del erario público, al que la sospecha de corrupción le pisa los talones. Siete jueces le han investigado tras comprobar que existían múltiples indicios de que Fabra hubiera cometido varios delitos mientras. El procedimiento judicial al que está sometido no tiene plazos, fechas ni visos de pronta resolución. Sea en el sentido que sea.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 20 de octubre de 2007