El fiscal pide 12 años de cárcel por una cacería de tigres en Badajoz

David Jiménez, su esposa, Basilia Toledano, y Tomás José de la Flor viajaron en diciembre de 2005 desde Madrid a Monterrubio de la Serena (Badajoz) con el extraño propósito de matar a un tigre. Habían pagado para hacerse la foto con el cadáver del animal, soltado de una jaula segundos antes, según la Guardia Civil, que interrumpió la cacería. Por ello, serán juzgados el 14 de diciembre, según fuentes del caso. El fiscal pide para ellos, para el dueño del coto, Manuel Domínguez, y dos empleados penas que suman más de 12 años de cárcel.

El juzgado de Instrucción de Castuera notificó el pasado martes el procesamiento de los seis imputados por el safari de Badajoz. Manuel Domínguez, según la fiscalía y la acusación que ejerce Ecologistas en Acción, organizaba safaris en su coto. La finca, llamada Los Lunares y de unas 70 hectáreas, estaba rodeada de una infranqueable valla de más de dos metros.

Durante años organizó batidas con lobos importados desde Alemania y Holanda y finalmente se pasó a los tigres y leones que compraba en zoos. Los verdaderos cazadores no aprecian el disparar a un tigre que sale de la jaula, pero aparentemente sí hay gente dispuesta a pagar por disparar a un animal a bocajarro si a cambio se puede hacer la foto.

Fue el caso de los tres procesados. La Guardia Civil estaba apostada a la puerta del coto y, cuando oyeron el disparo entraron en la finca. Los supuestos cazadores habían utilizado una carabina calibre 22, prohibida para la caza pero perfecta para la ocasión, ya que apenas deja marca en la piel.

En el sumario figuran la fotografía de los tres posando junto al tigre muerto. En otras jaulas había otro tigre y un león dispuestos para los otros cazadores, según la Guardia Civil. Además, en el registro de la finca aparecieron fotografías de más de 10 años -sale de pequeño el hijo del dueño, que ahora tiene 18 años- en las que figuran unos 20 de cazadores junto a lobos y otras especies protegidas.

El dueño del coto ha alegado que todas eran importadas legalmente, pero el fiscal pide para los tres cazadores y el dueño y sus empleados Juan Pedro Blázquez y Manuel Balsera penas que suman 12 años. Ecologistas en Acción eleva algo la petición de penas.

El artículo en el que se basan la fiscalía y Ecologistas en Acción es el 334 del Código Penal, que castiga con entre cuatro meses y dos años de cárcel o multa de entre ocho meses y dos años al que "cace o pesque especies amenazadas [...] o trafique con ellas o con sus restos". En todo caso el artículo incluye la "inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años". La cárcel está reservada para los casos en los que la especie esté protegida.

El juez de instrucción los ha procesado y el juicio se celebrará el 14 de diciembre en Don Benito. Previsiblemente no llegarán a ingresar en prisión.