Control para las empresas participadas

El PP y los socialistas llevan años solicitando al Gobierno una mayor transparencia en la gestión de las empresas públicas -aquellas en que la Administración vasca cuenta con más del 51% del capital- y de las participadas con un porcentaje inferior. La ponencia parlamentaria que ha analizado la reforma del régimen presupuestario ha logrado dar un paso en la dirección deseada por la oposición.

El objetivo de control se sustenta en la necesaria incorporación de las cuentas de las sociedades públicas a los presupuestos de la comunidad autónoma, así como su liquidación. También establece que las cuentas de todas las sociedades participadas se entreguen a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento. La información que estas empresas estarán obligadas a facilitar incluye sus presupuestos, la información económico-financiera, los resultados y el endeudamiento.

La composición del sector público vasco está contenida en la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, por lo que, para cumplir el mandato parlamentario que le será dado, el Ejecutivo deberá modificar también esa norma.

Estas modificaciones darían respuesta también al deseo del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de que el Departamento de Hacienda y Administraciones Públicas facilite periódicamente las cuentas anuales y auditorías de las sociedades en cuyo capital social el Gobierno participa de forma minoritaria. Además, el tribunal viene recomendando que sólo se recurra a crear estas sociedades si se dan "poderosas razones de eficacia y eficiencia".

Precisamente, uno de los departamentos que cuenta con mayor cantidad de sociedades participadas es el de Agricultura, Pesca y Alimentación. El pasado mes de marzo, en un informe de las sociedades de este departamento elaborado por la Universidad del País Vasco por encargo de la Diputación de Álava, se aseguraba que era "imposible estimar el total de recursos que se gestionan" a través del "entramado de empresas y fundaciones de esta consejería y cuáles eras sus objetivos. El conocimiento de la situación de dichas empresas ha sido una pelea imposible tanto de parlamentarios socialistas como populares. La modificación legal permitirá la fiscalización parlamentaria tanto de las cuentas de las empresas participadas, como de su gestión.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 12 de octubre de 2007.

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