Hacienda sostiene que las empresas no tendrán que devolver las deducciones que investiga la CE

El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, relativizó ayer las consecuencias de la investigación que ha iniciado la Comisión Europea esta semana sobre el trato fiscal otorgado a las compañías radicadas en España que compren empresas extranjeras. Ocaña quiso dejar claro que "en ningún caso" las compañías que ya se hayan beneficiado de las deducciones previstas por la ley española tendrán que devolver el dinero, "con independencia de cuál sea el resultado" del expediente abierto.

Desde 2002, las compañías con sede social en España que compren más de un 5% de empresas extranjeras pueden computar como fondo de comercio la diferencia entre lo que les cuesta las acciones de la firma adquirida y su valor contable. Al considerar ese sobreprecio como fondo de comercio (el valor de bienes intangibles como marcas, tipo de clientela o equipo humano), la empresa puede amortizarlo; en este caso, durante 20 años, a razón de un 5% anual. Y, como toda amortización, rebaja el beneficio obtenido antes de que se aplique el tipo impositivo del impuesto de sociedades. La firma paga así menos impuestos.

"La investigación permitirá conocer si las ayudas están justificadas", indicó el miércoles la comisaria de Competencia, Neelie Kroes. Bruselas quiere precisar si las deducciones son ayudas de Estado que restringen la competencia. La Comisión apunta a que este trato fiscal no se aplica a las adquisiciones dentro del país. Y cuestiona la consideración del sobreprecio como fondo de comercio.

Sin efectos retroactivos

En otras ocasiones, si Bruselas concluye que una medida es una ayuda estatal que distorsiona la competencia, obliga a las empresas a devolver el dinero al Gobierno sancionado. Pero Ocaña matizó ayer que el expediente abierto admite de partida que las empresas beneficiadas actuaron con "confianza legítima" en la normativa vigente. Un concepto jurídico que implica que no habrá efectos retroactivos si finalmente la Comisión concluye que la norma no se ajusta al derecho comunitario.

Ocaña indicó que el Gobierno español argumentará ante Bruselas que la amortización del fondo de comercio en casos de compras de acciones de empresas extranjeras no es ninguna ayuda o bonificación, sino un "impuesto diferido" que se aplica "por igual" a todas las sociedades que pagan impuestos en España, con independencia de su país de origen. El secretario de Estado de Hacienda también recordó que el impuesto de sociedades "no está homogeneizado en la UE" y que hay países con tipos muy bajos, como Irlanda (un 12,5% frente al 32,5% en España).

"No hay nada en esta norma que distorsione la competencia ni que haga nada distinto de lo que están haciendo otros países", concluyó Ocaña. La compra de O2 por Telefónica, la de Scottish Power por Iberdrola o la de Abbey National por el Santander son algunas de las adquisiciones españolas de firmas europeas más significativas en los últimos años.