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Conflictos urbanísticos

Un juez frena una urbanización en El Puerto por no tener garantizado el suministro de agua

La sentencia anula la licencia de 325 casas y la ampliación del campo de golf de Vistahermosa

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Cádiz ha declarado "nulo" en acuerdo del pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) que, en agosto de 2004, concedió la licencia para una urbanización en la zona residencial de Vistahermosa, en la costa oeste de la ciudad, para la construcción de un parque de viviendas y la ampliación del campo de golf. La sentencia considera que el Consistorio autorizó el inicio de las obras a pesar de que el proyecto carece de las "dotaciones necesarias" para la prestación de servicios básicos, en concreto, el suministro de agua.

La Confederación Hidrográfica advirtió de la inviabilidad del proyecto urbanístico

El juez destaca que el terreno no sólo no cuenta con sistemas necesarios para el suministro de agua a 325 nuevas viviendas y la ampliación del campo de golf, sino que, además, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) había anunciado su negativa a llevar el suministro a la urbanización antes de que se iniciaran las obras, según informó ayer La Voz de Cádiz.

La decisión deja ahora en suspenso la legalidad de las obras, que de hecho se encuentran ya muy avanzadas. Los promotores, la firmas Factor Inmobiliario, Noriega, Proconspor y MVG, han edificado gran parte de las 325 nuevas viviendas de lujo que contempla el proyecto. Además, las empresas han iniciado los desbroces y los movimientos de tierra para acometer la ampliación del Campo de Golf de Vistahermosa, una de la zona más elitistas de El Puerto.

El juzgado responde a una denuncia presentada por los vecinos, representados en la Comunidad de Propietarios de Vistahermosa y la asociación local para la Defensa y el Patrimonio de la Identidad de Vistahermosa. Ambas organizaciones entendían que el plan urbanístico, en los términos aprobados, iba a causar muchos y graves perjuicios a los residentes y reduciría los niveles de calidad de vida de la zona.

A la denuncia se sumaron también Ecologistas en Acción por considerar que el diseño incumplía aspectos básicos de las normativas de protección ambiental y provocaba un daño severo a las masas arbóreas y a las colonias de camaleones, una especie protegida. Así mismo, los proteccionistas denunciaron el incremento del consumo de agua que iba a suponer la ampliación prevista del campo de golf ubicado en una zona con graves deficiencias de suministro.

El Ayuntamiento de El Puerto (PP) no precisó ayer si presentará un recurso contra el fallo judicial. Un portavoz se limitó a señalar que el área de Urbanismo está "estudiando la sentencia".

La aprobación del plan de urbanización fue probado por el anterior gobierno local, presidido por Independientes Portuenses, que era consciente de las limitaciones del área y las dificultades que entrañaba su urbanización. El entonces alcalde, Hernán Díaz Cortés, justificó la aprobación en el convencimiento de que se podrían iniciar las obras a la espera de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir aceptara ampliar la red de suministro. Finalmente, los técnicos de la Confederación decidieron desestimar la petición, para lo que se basaron en la demanda de agua que podría llegar a generar, sobre todo, la ampliación del complejo deportivo.

En 2005, la Delegación provincial de Obras Públicas de la Junta de Andalucía advirtió al Ayuntamiento portuense de la irregularidad cometida y pidió la rectificación del proyecto antes de que éste fuera aprobado definitiva.

En sus actuales términos, la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo 1 de Cádizque obliga al Ayuntamiento a devolver a su punto de origen el trámite administrativo de todo el proyecto. El gobierno municipal tendrá que buscar la fórmula de encajar en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) un proyecto de urbanización renovado. En la actualidad el Ayuntamiento redacta un nuevo PGOU, que cumple ya ocho años de retrasos por sucesivos fallos políticos y condicionantes técnicos. Recientemente, el equipo redactor del plan ha presentado su dimisión ante la falta de avances, por lo que no se espera una respuesta rápida a la situación generada por la sentencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 12 de octubre de 2007