La legalización de 15.000 casas en Chiclana tardará 10 años

El Ayuntamiento de Chiclana (72.364 habitantes) fue pionero a la hora de plantear la regularización de viviendas ilegales, un fenómeno que ha ido en aumento en los últimos 20 años. El anterior equipo de gobierno, del PSOE, inició un plan de legalización que incluía los cambios de usos de suelos, y la apertura de una oficina de regularización para tramitar las peticiones y elaborar un plan de infraestructuras. Estas intenciones las está materializando una nueva corporación en la que manda el cuatripartito formado por PP, IU, PSA y PA. Este reto lo ha asumido el portavoz de IU y concejal de Urbanismo, José Pedro Butrón, quien calcula que este proceso no estará completo hasta, al menos, dentro de 10 años.

La regularización no afecta a todas las casas ilegales de Chiclana. Sólo a las que están dentro de las denominadas áreas de gestión básica, nueve zonas de suelos urbanos no consolidados, que pasarán a ser urbanos cuando todo este proceso termine. "Sobre los papeles el plan contempla la construcción en las áreas de gestión básica de entre 15.000 y 16.000 viviendas. La mayoría ya están construidas, si no hay más", señala Butrón. En total, este plan afecta a 18 kilómetros cuadrados, más que todo el término de Cádiz que tiene una superficie de 12 kilómetros cuadrados.

Infraestructuras

Los técnicos de Urbanismo se reunieron esta semana con los de la oficina de regularización de la que es responsable el urbanista Manuel Ángel González Fustegueras. Abordaron el que es ahora el principal reto para ambas partes. Hacer definitivo el borrador de un plan de infraestructuras para dotar de los servicios necesarios, sobre todo agua y electricidad, a estas áreas que van a ser regularizadas. El coste de esta operación será asumido por los propietarios mediante una contribución especial. "Los particulares tendrán que pagar en función de los metros cuadrados y los derechos de edificación. También dependerá de la zona donde estén. Porque cuanto más lejos haya que llevar las conexiones con los sistemas generales de luz y agua más caro será", aclara el concejal de Urbanismo.

El borrador del plan de infraestructuras incluye ya un coste global que Butrón no quiere hacer público hasta que el documento no sea aprobado definitivamente. También se reserva otro dato de gran interés para los afectados. Cuánto tiempo llevarán los trámites de legalización. Para ello se ha elaborado un manual de procedimiento que estima los pasos desde que el dueño acude a la oficina a solicitar información hasta que consigue la legalización. Otra incógnita es saber por cuál de las áreas se comenzará la regularización y las obras de infraestructuras necesarias.