Un juez investiga a un directivo del Canal por hacerse un chalet en zona protegida

Un chalet ante la justicia. El Juzgado de Instrucción número tres de Colmenar Viejo investiga al jefe de obras de tratamiento de aguas del Canal de Isabel II, Alfredo de Miguel de la Fuente, por construir en su finca un chalet de madera con caballerizas y estanque artificial en una zona protegida y, por tanto, no urbanizable, según consta en el expediente judicial.

"No soy ningún depredador medioambiental", afirma el imputado

El terreno propiedad de De Miguel forma parte de la Dehesa Parda, una zona de 7,7 hectáreas que cuenta con un alto nivel de protección y está situada en Guadalix de la Sierra, muy cerca del embalse de Pedrezuela. "No soy ningún depredador medioambiental", aseguró ayer el imputado a este periódico. Reconoció que ha construido en la zona protegida "sin las licencias oportunas". "Tengo mis razones y ya se las contaré al juez", argumentó el responsable del Canal de Isabel II, la sociedad regional que gestiona las aguas de Madrid y hace gala de sus actividades ambientales.

Todo comenzó hace cinco años. El verano de 2002, De Miguel decidió construir en su parcela, situada en el kilómetro 58 de la carretera de Burgos (A-1). Su idea era hacer un lago artificial y levantar un chalet y cuadras. "Me dedico a la cría de caballos de pura raza española", precisó el responsable de la empresa regional. "He construido unos establos muy pequeños. Son una monería y me han costado un dinero, porque era un capricho", agregó. Elude hablar sobre el resto de construcciones.

La primera denuncia por las obras se presentó a finales de 2002. Fueron los agentes forestales quienes dieron parte al juzgado de Colmenar Viejo por la construcción del estanque y el cerramiento de la finca. En una declaración ante el juez, en noviembre de 2004, De Miguel explicó que las instalaciones eran para el ganado.

Desde la primera denuncia hasta ahora el dueño ha seguido adelante con las construcciones. Acabó el estanque y ha levantado un chalet y tres casetas. Dos son para cuadras. En la tercera, para aperos, existe una gran barbacoa, según las fotografías aportadas al informe judicial.

La finca se encuentra en el entorno del embalse de Pedrezuela. Se trata de terrenos catalogados como no urbanizables. Cuentan, además, con la protección que, por su cercanía a un pantano, les otorga la Ley de Protección de Embalses y Zonas Húmedas de la Comunidad de Madrid de 1990. Está catalogada como zona de alto valor ecológico y paisajístico.

Allí, el jefe de división de obras de tratamiento de aguas del Canal de Isabel II comenzó por hacerse el estanque artificial, de unos 25 metros de largo, justo al lado de un regato. Los agentes forestales que denunciaron los hechos indicaron en la denuncia que el imputado drenó un terreno que linda con el arroyo Los Charcos y, además, construyó dos puentes de piedra, ladrillo y hormigón sobre el regato. De Miguel asegura que el regato está seco. "Es una charca. Por el arroyo no corre agua nunca, sólo el otoño pasado cuando llovió mucho. Ahora no hay nada", señala el propietario. Para construir el estanque y hacer una zanja por donde conducir los cables eléctricos, taló 10 perales silvestres.

De Miguel salió airoso de aquella primera denuncia. A principios de 2004 fue absuelto de un delito contra la fauna y la flora por cortar los perales silvestres, protegidos por una norma regional. Él siguió adelante con las construcciones. Y los forestales presentaron una segunda denuncia. En noviembre de 2004, la Asociación para la Defensa del Valle de Lozoya y Sierra de Madrid se personó como acusación particular por las supuestas actuaciones irregulares de este propietario. La organización ecologista denunciaba que De Miguel había levantado una casa con tejadillo de hormigón, un porche de madera, y tres casetas (dos de obra y otra de chapa).

En un primer momento, la juez del juzgado de instrucción de Colmenar, Nekane Yagüe, pidió el sobreseimiento del caso basándose en la decisión anterior. Pero la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid pidió la reapertura del caso en diciembre de 2004. Desde entonces, el proceso ha avanzado con lentitud. Se han aportado nuevas pruebas y han menudeado las alegaciones de ambas partes. Mientras tanto, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) impuso a Alfredo de Miguel una multa de 3.000 euros por hacerse el estanque y los puentes de piedra a finales de 2004. Además, le ordenó que volviera a dejar los terrenos en su estado original y que legalizara las nuevas instalaciones.

Ayer, Alfredo de Miguel tenía que ir a declarar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Colmenar Viejo, pero se suspendió la comparecencia por un error en la citación. A finales del mes pasado, la juez pidió a la Fiscalía de Medio Ambiente que presentara la acusación contra De Miguel. "Estoy pendiente del juicio oral", reconoce el responsable del Canal. "Las cosas están hechas, es verdad. Pero no es para tanto. Si se traza un radio de tres kilómetros alrededor de mi finca, soy el único que cumple con la ley", concluye.