Una juez impide el traslado a Túnez de un preso de Guantánamo ante el riesgo de torturas

Dentro del sinsentido y negación de la justicia que es Guantánamo, la decisión de una juez federal de EE UU de impedir que un detenido sea repatriado a Túnez, su país de origen, para evitar que sea torturado, y de que permanezca en el centro de detención, constituye una decisión sin precedentes y una victoria dentro de la batalla legal librada en los tribunales contra la cárcel de la base naval estadounidense, según los grupos de defensa de los derechos humanos. Gladys Kessler asegura en su decisión, dada a conocer ayer, que "sería un terrible error judicial" permitir el traslado de Mohamed Rahman.

Según el abogado del preso, Joshua Denbeaux, y grupos de derechos humanos como Human Rights Watch, la resolución de esta juez de Washington es la primera que limita el traslado de detenidos de la base a países con denuncias de torturas. Tras más de cinco años de existencia y continuas críticas, la Administración de George Bush se ha planteado y ha expresado su deseo de cerrar el polémico lugar de reclusión. Pero el caso de Rahman acaba de poner de manifiesto los problemas del Gobierno republicano a la hora de enviar a sus países a aquellos "combatientes enemigos" que ya ha investigado y "declarado" inocentes.

De un total de algo más de 330 presos, cuya existencia está reconocida por las autoridades militares de la base naval en Cuba, cerca de 80 esperan hoy el momento de abandonar la isla. Pero muchos de los países de origen no los aceptan y algunos de los presos sencillamente no quieren regresar ante el temor a sufrir malos tratos, torturas e incluso la muerte. Éste es el caso de Rahman, que a través de sus abogados apeló a la justicia estadounidense para no ser enviado a "una muerte segura". La juez Kessler considera que el daño ejercido sobre el preso sería "irreparable", así como "un error judicial que el tribunal rechazase la petición".

Controlar los excesos

"Es la primera vez que el poder judicial ha ejercido su poder inherente de controlar los excesos del Ejecutivo en el tratamiento a los prisioneros de Guantánamo", asegura el abogado del detenido. "Se le acaba de decir al Gobierno que ahora no puede enterrar sus errores en las cárceles del Tercer Mundo", concluye Denbeaux. La decisión de la juez de Washington puede animar a otros presos que esperan ser transferidos a solicitar permanecer en Guantánamo, por muy contradictorio que esto pueda parecer.

Paralelamente, el Supremo debe pronunciarse sobre si los sospechosos de terrorismo que llevan encerrados en algunos casos más de cinco años tienen derecho al hábeas corpus (derecho del detenido a ser oído por el juez). "La decisión del Supremo de revisar el derecho al hábeas corpus siembra la duda sobre anteriores dictámenes que limitaban los derechos de los detenidos". Si el Supremo reconociese derechos a los presos de Guantánamo, dice la juez, "sería demasiado tarde para Rahman si ya estuviera en Túnez".