El Pacto de la Vivienda pretende generar 150.000 empleos, tantos como pisos sociales

No fue antes de fin de junio, ni de las vacaciones, ni de que acabara septiembre, como afirmaron en su momento los responsables de Medio Ambiente y Vivienda. Ha costado, pero al final se ha logrado el consenso y el Pacto Nacional por la Vivienda 2007-2016 se firmó ayer en un pomposo acto que se celebró en el Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Sólo faltaron los dos principales partidos de la oposición, CiU y el PP. El resto de los 34 agentes sociales, desde Càritas hasta los promotores, pasando por los sindicatos, los colegios profesionales, las cajas de ahorro, las cooperativas de vivienda social y los vecinos, se reunieron en torno a una gran mesa para estampar la firma.

El gran escollo para lograr el acuerdo ha sido la discusión en paralelo de la Ley del Derecho a la Vivienda

El documento prevé una inversión directa de 8.200 millones de euros y estima la indirecta en 14.400 millones

CiU y el PP no se suman al consenso por su rechazo al alquiler forzoso de pisos vacíos que prevé la ley en trámite

El consejero de Medio Ambiente y Vivienda y jefe de cocina del pacto, Francesc Baltasar, estaba exultante ante lo que calificó de "hoja de ruta para resolver el principal problema del país". Baltasar recordó que el pacto busca movilizar suelo para construir 250.000 pisos sociales, y de éstos, levantar 160.000 en 10 años, y lleva aparejada una inyección de 8.200 millones de euros. El consejero estimó que generará una inversión indirecta de 14.400 millones, cifras que permitirán crear 150.000 puestos de trabajo. Ayer, Baltasar ni siquiera quiso dar importancia a la negativa de CiU y el PP a firmar: "Son ellos quienes no están y ellos quienes deben explicar por qué se han desmarcado". El consejero sí quiso reconocer públicamente el trabajo de la secretaria de Vivienda, Carme Trilla, en la consecución del acuerdo.

El presidente de la Generalitat, José Montilla, se felicitó por un documento que "da respuesta colectiva a un problema colectivo" y destacó que todos los agentes "han cedido en algún detalle", al tiempo que apuntaba que "en el pacto cabe todo el mundo". "Los que están aquí", dijo, "y los que por alguna razón no están". De acuerdo con las grandes cifras del pacto, si se cumplieran todos los retos, dentro de una década se habrían beneficiado de sus medidas 800.000 familias catalanas. "Una de cada cuatro", subrayó Baltasar.

No es exagerado afirmar que el de ayer fue un acto emotivo, que acababa con muchas semanas de frenéticas negociaciones y en el que no faltaron algunos de los responsables del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda que participaron en su gestación y la de la Ley del Derecho a la Vivienda, que se está tramitando en el Parlament, como el ex consejero y hoy diputado Salvador Milà, y el ex secretario de Vivienda y hoy directivo de la inmobiliaria Habitat Ricard Fernández.

El gran obstáculo para lograr el consenso en el pacto ha sido precisamente la ley en trámite, un texto en teoría independiente pero que en realidad ha sido utilizado como moneda de cambio por no pocos interlocutores. Como los promotores, que como patronal del ladrillo presionaron para rebajar las exigencias inicialmente previstas para los privados en las cesiones de suelo urbano para construir vivienda social, y en el lado opuesto, los sindicatos, que no dieron el sí al pacto hasta que se aseguraron por escrito de que no se eliminaría el alquiler forzoso de viviendas vacías de la normativa que está a punto de aprobarse. De hecho, la comisión que debe aprobar en ponencia el dictamen del texto se reunirá mañana por la tarde.

Su ponente relatora, la diputada Dolors Clavell (ICV), destacó ayer que si ambos textos han costado tanto y han sido tan polémicos y cuestionados es "porque tocan en lo más hondo y quieren cambiar las cosas". En el resto del arco parlamentario, Miquel Iceta (PSC) defendió el pacto para "dar respuesta a un gran problema" y criticó "la falta de sentido de la derecha catalana" al no firmar, y Joan Ridao (ERC) señaló que "no hay ninguna excusa" para no firmar un documento "excelente" y calificó de electoralista la postura de CiU y el PP.

Quien, desde la oposición, sí se ha sumado al pacto es Ciutadans. Su presidente, Albert Rivera, quiso diferenciar el pacto de la ley como dos herramientas que tienen caminos distintos. Pese a la adhesión al pacto, Rivera recordó que votará en contra de la ley por la misma razón que CiU y el PP: el alquiler forzoso.