Garzón contra Batasuna
Un partido ilegalizado por su "complementariedad política" con ETA, y cuyas actividades orgánicas están judicialmente suspendidas en el marco de un proceso penal por supuesta integración de sus ex dirigentes en la organización terrorista, no puede pretender seguir actuando como tal sin que el Estado de derecho reaccione. Es lo que ha hecho el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, al tener indicios fundados de que antiguos dirigentes de Batasuna pretendían en una reunión clandestina reorganizar una nueva dirección que diera continuidad a la formación ilegalizada en las difíciles circunstancias provocadas por la decisión de ETA de romper la tregua y volver a los atentados.
La decisión de Garzón ordenando la detención de los 23 reunidos -al menos uno de ellos militante de ANV (Acción Nacionalista Vasca), algo que puede ser relevante con vistas a su posible ilegalización- se ajusta a las exigencias legales, pues no supone atentado alguno contra sus derechos políticos individuales. Si se les ha detenido es porque hay indicios de que se trata de un acto orgánico, con el que la formación ilegalizada pretendía reorganizarse para seguir prestando su apoyo a ETA. La justicia determinará si ello es así, procediendo al interrogatorio de los detenidos, la mayoría de los cuales ya están incursos en una causa penal por supuesta integración en ETA.
Garzón, el juez que más ha investigado el entramado de ETA, siempre ha cuidado de distinguir la actividad política individual de los dirigentes de Batasuna de la orgánica como partido, una distinción nada fácil pero legalmente obligada y que le ha merecido en el pasado críticas acerbas del PP y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo sobre todo, acusándole de acompasar la actuación judicial a las exigencias del fallido proceso de negociación del Gobierno.
De ese mismo "oportunismo" o "tacticismo" político le acusan también ahora partidos tan distantes en este asunto como el PNV y el PP. Este último interpreta la decisión de Garzón como "el inicio de una rectificación de los disparates" de la política antiterrorista de Zapatero, mezclando una vez más irresponsablemente política y justicia. Pura incongruencia es que Aralar califique la decisión de Garzón de "barbaridad judicial y política". Este partido escindido de Batasuna sabe por propia experiencia que la única forma de que la izquierda abertzale pueda dar cauce político a sus pretensiones independentistas es desligarse de la violencia y escapar del permanente callejón sin salida en que la tiene prisionera ETA.
