Interior apoyará a los jueces con más presión policial para aislar a Batasuna

El Gobierno complementará la acción judicial contra Batasuna con más presión para evitar su reorganización. Tras la vuelta a las armas de ETA, Batasuna se ha mantenido como su brazo político, según las investigaciones policiales y judiciales. Por esa razón, el juez Baltasar Garzón ha ordenado la detención de sus principales dirigentes para desactivar a la formación ilegalizada. La Fiscalía pidió ayer prisión para dos jefes de Batasuna. El juez Garzón atendió esta petición y encarceló a Joseba Álvarez y Ohiana Agirre.

Las 23 detenciones de miembros de Batasuna que la Comisaría General de Información materializó el jueves por la noche en Segura (Guipúzcoa) por orden del juez Garzón responden a esa pretensión de impedir la continuación de las actividades orgánicas de la formación ilegalizada. La actuación judicial fue apoyada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que quiere impulsar una acción que acabe con el frente político de ETA y divida el llamado frente de makos, es decir, el colectivo de presos etarras. Los miembros de Batasuna reunidos anteanoche en la casa Zurbano de Segura estaban manteniendo "una reunión estratégica", para definir las actuaciones futuras de la formación y recuperar el pulso.

La mayor parte de la documentación incautada en el salón de reuniones y en los registros domiciliarios definen los pasos para el futuro, de cara a aumentar las movilizaciones sociales, mantener prietas las filas de Batasuna y debatir las campañas de apoyo a ETA. Entre las cajas de papeles se encuentran algunos que permiten probar el apoyo político de la cúpula de Batasuna a los atentados de ETA, en la nueva etapa abierta tras la ruptura del alto el fuego en junio.