Los Franco y la Constitución

La familia de Francisco Franco, encabezada por su única hija, Carmen Franco Polo, se ampara en sus derechos constitucionales para oponerse a la pretensión de la Xunta de Galicia de entrar en el Pazo de Meirás, regalado al dictador en plena Guerra Civil, con el fin de inspeccionar una propiedad inscrita en el Patrimonio Cultural de esta autonomía. Además de blandir la Carta Magna en sus alegaciones ante el juzgado de A Coruña que deberá decidir si autoriza o no la inspección, los Franco acusan a la Xunta de pretender en realidad recuperar el pazo. Y cuestionan que la Administración quiera verificar su estado de conservación cuando es "excelente", afirman, gracias "a las inversiones que hizo la propiedad a costa de su bolsillo".

Los herederos aseguran que el edificio se encuentra en "excelente estado de conservación"

Carmen Franco se queja de la "fuerte presión" que sufre por el interés de los medios

Tiene visos de ir para largo la batalla, ahora en manos de la Justicia, que enfrenta a los herederos del dictador con el Gobierno gallego por un pazo regalado al Caudillo en nombre "del pueblo de A Coruña" en 1938, a iniciativa de autoridades y empresarios locales totalmente entregados a la causa franquista. El derecho constitucional a una tutela judicial efectiva así como las garantías de privacidad del domicilio y preservación de la intimidad que establece la Carta Magna son los principales argumentos esgrimidos por los Francos en sus alegaciones contra la petición de la Xunta para entrar en las también llamadas Torres de Meirás. En sus siete folios de objeciones, presentados ante el juzgado número 1 de A Coruña que decidirá sobre la autorización requerida por la Xunta después de que los Franco, el pasado 30 de agosto, impidiesen la entrada de los técnicos de la Consejería de Cultura, los descendientes del Caudillo alegan en primer lugar que debe prevalecer sobre esa petición el recurso que ellos presentaron, un día antes, en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Para la familia del dictador, el derecho constitucional de los ciudadanos a pedir a los tribunales medidas cautelares, como hicieron al presentar un contencioso-administrativo contra las intenciones de la Xunta, "se burlaría de forma total en caso de acordarse la entrada solicitada" en el Pazo de Meirás. "No es una actitud obstruccionista sino simple y llanamente el ejercicio fundamental del derecho de tutela judicial que reconoce la Constitución", afirma el letrado de Carmen Franco en sus alegaciones. En el escrito la heredera del dictador, que considera su "intimidad gravemente afectada" debido a los trámites abiertos por la Xunta para tratar de determinar si el Pazo de Meirás puede ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC), acusa abiertamente a la Administración gallega de cometer irregularidades para tratar de entrar en su propiedad. E incluso sostiene que en los argumentos de la consejería para solicitar la inspección "se puede comprobar que se quiere mantener más un posición de fuerza sobre el pazo que lo que es una mera conservación del patrimonio gallego, llegándose al extremo de pedir que se constituya una comisión para la recuperación" del emblemático edificio.

En realidad, la Xunta nunca ha planteado la creación de tal comisión y sólo pretende inspeccionar el interior del pazo y sus jardines para determinar si reúnen los requisitos para ser declarados BIC. Esa declaración obligaría a abrir la propiedad al público cuatro días al mes, además de reforzar las medidas de preservación a las que ya está sometido el inmueble por figurar en el registro de Patrimonio Cultural de Galicia.

La hija del dictador había aceptado inicialmente, por escrito, la solicitud de inspección de la Xunta. Pero cambió de parecer, según explica en sus alegaciones al juez, por "la fuerte presión" que padeció "todo el verano, con noticias en los periodicos diariamente e incluso manifestaciones de personas pidiendo entrar en el pazo". Y se queja Carmen Franco de que la Consejería de Cultura -que dirige la nacionalista Ánxela Bugallo- esgrima su derecho y obligación a poder inspeccionar un patrimonio como lo es esa propiedad, "olvidando que el excelente estado de conservación ha sido a costa de las inversiones realizadas por la propiedad a costa de su bolsillo". Nadie sabe cuál es el estado del interior del pazo, máxime tras el incendio que lo devastó en 1978 y cuyas causas nunca pudieron ser determinadas.

La hija del Generalísimo, que reconoció hace una semana la ilegalidad de unas obras de reparación del muro de piedra que encierra la propiedad, insiste en que la actuación de la Xunta generó en ella una "desconfianza" que desembocó en su recurso ante el tribunal así como su negativa empecinada a dejar entrar los técnicos de Cultura sin que antes un juez determine previamente medidas para salvaguardar sus "garantías constitucionales" de privacidad del domicilio e intimidad.

Los Franco piden que, en caso de que se les obligue a abrir las puertas a la Xunta, se limite la duración y el alcance de la inspección. No sólo quieren que se establezcan la duración y el número de personas que podrán entrar en su propiedad, sino que cuestiona incluso el criterio de la Consejería de Cultura para realizar ese trabajo. Así, tras acusar a los responsables de Patrimonio de la Administración gallega de "no distinguir entre una inspección y un registro", los Franco piden al juez que no autorice la entrada a un arqueólogo, como pretende la Xunta. En su primer intento de entrar en las Torres de Meirás, una emblemática fortaleza construida por encargo de la escritora Emilia Pardo Bazán a finales del siglo XIX, Cultura envió a tres titulados en Arquitectura, Historia del Arte y Arqueología. Pero los descendientes del caudillo consideran que "no es necesaria para nada la presencia de un arqueologo, una ciencia que según el diccionario de la Real Academia Española estudia lo que se refiere a las artes y los monumentos de la antigüedad".