Tres alcaldes admiten ante el tribunal que fueron multados por verter al río Segura

Los alcaldes de Almoradí, Benejúzar y Redován reconocieron ayer ante el tribunal que sus consistorios fueron sancionados por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) entre 1999 y 2002 por irregularidades en los vertidos al cauce público de los sistemas de depuración de agua que utilizaban. Estos tres regidores y otros 14 alcaldes más de localidades de La Vega Baja declararon como testigos durante la quinta sesión del juicio que se celebra en la sección séptima de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche, por vertidos ilegales al río Segura.

En el juicio por los vertidos ilegales al Segura entre 1998 y 2003 declararon ayer 16 alcaldes de otras tantas poblaciones de la comarca de La Vega Baja. Otros dos se excusaron por motivos médicos. De los regidores que acudieron a la sala, sólo siete ocupaban el puesto cuando ocurrieron los vertidos y la mayoría aseguró que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) no les abrió expedientes por lanzar aguas sin depurar al río. También muchos de ellos aseguraron desconocer el sistema de eliminación de aguas residuales o si tenían abierto expediente sancionador.

Sólo los alcaldes de Redován, Almoradí y Benejúzar reconocieron ante el tribunal que sus ayuntamientos fueron sancionados por la CHS por irregularidades en los vertidos al cauce del río a través de los sistemas de depuración. Así, el alcalde de Benejúzar, Antonio Bernabé, que ocupa el cargo desde mayo, manifestó que es cierto que fueron multados y que el Consistorio tiene ahora mismo recurrida la multa ante un tribunal de lo Contencioso-Administrativo.

En la sesión de ayer declararon también los alcaldes de Benijófar, Benferri, Callosa del Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Granja de Rocamora, Jacarilla, Rafal, Rojales y San Isidro, así como un concejal de Crevillent, y la alcaldesa de Orihuela, Mónica Llorente, quien manifestó desconocer el asunto, en un testimonio de apenas un par de minutos. Estos responsables políticos admitieron al tribunal su ignorancia sobre el tema. Al estar incluidos en el Plan de Saneamiento de la Generalitat, consideran que era éste el organismo competente para hacer controles de calidad de las aguas.

En la sesión de ayer testificaron también los representantes de dos colectivos conservacionistas que ejercen, además, la acusación popular. Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción, y Miguel Ángel Pavón, de Amigos de los Humedales, contaron a los magistrados que el río "parecía un vertedero" y que se dieron las primeras señales de alarma debido a la mortandad de peces y aves que se produjeron en los años previos a la investigación. Arribas manifestó que están algo descontentos con el trabajo del fiscal, al que ven "poco combativo con los representantes de la CHS". Los ecologistas mantienen la tesis de que la Administración miró hacia otro lado y no puso las medidas necesarias para evitar los vertidos contaminantes al río.

Junto a tres responsables de la CHS, se sientan en el banquillo los representantes de 11 empresas acusadas de verter residuos contaminantes al Segura. El juicio, previsto en principio sólo para cinco días, se reanudará de nuevo el 15 de octubre, ya que faltan por declarar dos alcaldes y varios peritos que en distintos momentos hicieron informes de la situación del agua del Segura.