Doctrinas hipócritas

La corrupción urbanística merecería ocupar un lugar destacado en el debate político preelectoral, debido a las graves distorsiones que produce en la democracia local y autonómica, a sus efectos económicos nefastos en forma de subidas de precios del suelo y de los pisos y a los destrozos que causa en zonas de elevado valor ecológico. El caso de Marbella, un Ayuntamiento saqueado impunemente por alcaldes y concejales, dio la voz de alarma sobre la debilidad de las instituciones políticas locales para frenar el urbanismo sin escrúpulos.

Madrid no se libra de la plaga; la Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra el ex director general de Urbanismo de la Comunidad Enrique Porto, hombre de confianza de la presidenta Aguirre, y el alcalde de Villanueva de la Cañada, también del Partido Popular, Luis Partida, supuestamente implicados en un caso de recalificación fraudulenta en la localidad madrileña. El caso ilustra sobre las confusiones interesadas que suelen manejar los políticos para justificar las tropelías de sus correligionarios. Porto y Partida tienen derecho, faltaría más, a la presunción de inocencia. Un tribunal decidirá si son culpables de los cargos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros, que denuncia la Fiscalía.

Pero es muy discutible que, según la doctrina del PP, las responsabilidades políticas exigibles a los cargos públicos sólo sean sustanciadas una vez que los tribunales declaran la culpabilidad de los imputados. Tal criterio resulta hipócrita, porque no ha sido obstáculo para que el PP, olvidando lo que reclama para sí, haya exigido la dimisión de cargos de otros partidos acusados de delitos urbanísticos; y además desmoraliza a los ciudadanos, porque transmite el mensaje de que los partidos no están interesados en combatir la corrupción.

Nada más tóxico para la democracia local que la idea muy extendida de que los partidos políticos consideran las comisiones irregulares obtenidas de las operaciones urbanísticas como una fuente de financiación de la que no se puede prescindir. Por eso es tan importante que los responsables políticos repudien cualquier indicio de corrupción de sus cargos públicos y que sean los primeros en exigir castigos ejemplares para los culpables. En esa actitud deberían estar la Comunidad de Madrid y el PP, que ya debería haber instado la dimisión del alcalde de Villanueva de la Cañada.