La comisión que investigará el fraude fiscal de Irún se celebrará a puerta cerrada

La comisión de las Juntas Generales de Guipúzcoa que investigará el supuesto fraude millonario en la oficina de la Hacienda de Irún se constituirá el próximo viernes y celebrará sus sesiones a puerta cerrada, según anunció ayer la presidenta de la Cámara provincial, la socialista Rafaela Romero. El acto de creación consistirá exclusivamente en la toma de posesión de los miembros y en la elección del presidente.

Aunque corresponderá a los integrantes de la misma determinar el carácter abierto o secreto de las reuniones, Romero adelantó que no se permitirá la presencia de los medios informativos. Todos los grupos de las Juntas ya han propuesto a sus candidatos a presidente de la comisión de investigación, que resultará elegido por votación simple.

A partir de la fecha de su creación, este órgano tendrá un plazo de seis meses para analizar el supuesto fraude fiscal cometido en la delegación tributaria de Irún y determinar, en su caso, si existen responsabilidades políticas por los hechos denunciados.

Todos los grupos políticos han acordado solicitar la comparecencia de los responsables de Hacienda desde 1995 hasta 2006. La lista incluye a los diputados inscritos durante este periodo y a los directores generales.

Entre estos últimos cargos se encuentra Víctor Bravo, hermano de José María Bravo, ex director de la oficina de Irún y principal imputado en la causa. En las fechas en que presuntamente se produjeron los hechos Víctor Bravo era el director general de la Hacienda foral. A mediados de mayo de este año, presentó la renuncia como senador del PNV. Lo hizo tras la decisión de la juez de procesar a su hermano y a otras tres personas.

Procedimiento judicial

La comisión citará también a los subdirectores de Recaudación y Oficinas de Tributación, a los responsables de la Unidad de Coordinación de Oficinas Tributarias, a los responsables y técnicos de la oficina de la localidad fronteriza, a los responsables de los Servicios de Auditoría e Inspección, y a los de Informática.

El inicio de las indagaciones por parte de la comisión de las Juntas se produce cuando ya está abierto un procedimiento penal en el Juzgado de Instrucción número 2 de Irún. La juez encargada de la causa, Almudena Ovejero ordenó en julio pasado enviar a prisión a José María Bravo, imputado como el cerebro de la trama y que se negó a declarar ante la autoridad judicial. También están acusados María Rosa Cobos, esposa de Bravo; Pedro María Atristain, socio del principal imputado en varias sociedades utilizadas para blanquear el dinero cobrado ilegalmente a los contribuyentes, y Pilar Gracenea, ex funcionaria de Hacienda.

La juez ha comenzado a tomar declaración a los contribuyentes que entregaron diversas cantidades de dinero para saldar su deuda fiscal a Bravo.