La sospecha de la mano larga

El vigilante, vigilado. "Hay que investigar si existe un grupúsculo de agentes que piensa que el orden se consigue a palos". Diego Valderas, coordinador andaluz de Izquierda Unida, busca depurar responsabilidades en la Policía Local de Granada junto a su grupo municipal. El cuerpo de seguridad ha encadenado en las últimas semanas varios episodios polémicos manchados por supuestos malos tratos y denunciados por las víctimas. Sara López, miembro de la ejecutiva provincial de Comisiones Obreras, ha sido la última de ellas cuando fue detenida el pasado fin de semana.

Brutalidad, violencia, mala educación: Las acusaciones sobre una laxa interpretación del reglamento por parte de los agentes son graves. Hace diez días dos ecuatorianos denunciaron que fueron "brutalmente agredidos" por seis agentes y pasaron la noche en el Hospital Clínico tras ser detenidos. Un portavoz del cuerpo alegó que dos agentes resultaron también heridos y que los inmigrantes estaban "completamente borrachos". El Ayuntamiento abrió un expediente informativo para aclarar la actuación policial.

"No se puede defender estas actitudes a capa y espada", dice un agente sobre el sindicato

La trifulca y las dos versiones encontradas se repitieron la madrugada del pasado sábado. Unos jóvenes arrastraron a un chico unos treinta metros con medio cuerpo dentro de un coche en la céntrica Gran Vía, hasta que una patrulla intervino. Cuando los agentes procedían a la identificación del chico y sus amigos, se produjo un fuerte enfrentamiento. "Una patrulla intentó calmar a los jóvenes, pero de una forma que más bien había que calmarlos a ellos", relató el coordinador granadino de IU, Pedro Vaquero. Un portavoz del cuerpo aseguró que la chica "propinó una patada en el pecho a uno de los agentes", según informó Efe.

Tras intervenir junto a un compañero, López sufrió contusiones y dos esguinces en el tobillo y la muñeca. Ambos fueron condenados en un juicio rápido a cuatro meses de prisión tras asumir la recomendación de su abogado para reconocer resistencia a la autoridad, tras negociar éste con el fiscal, que solicitó que fueran procesados por atentado contra la autoridad.

"En los últimos cinco años han sido muchas las críticas y sólo una condena firme", alegó ayer Miguel Rubiño, portavoz del sindicato mayoritario del cuerpo, que defiende la presunción de inocencia de los agentes. En 2006 se presentaron 19 denuncias contra la Policía Local y sólo un agente fue condenado, según el sindicato. Otros agentes censuran el corporativismo de Rubiño. "No se puede defender a capa y espada estas actitudes. Si mostrara una actitud crítica sería diferente, porque puede haber compañeros que se extralimiten", asegura un agente. Esta semana 85 de los 520 agentes del cuerpo se reunirán para decidir si forman un sindicato alternativo al mayoritario.

Tras las presiones de la oposición y del Defensor del Ciudadano, la Delegación de Seguridad estudia crear una comisión permanente para esclarecer los conflictos generados por la actuación de los agentes. La patata caliente está en el horno desde hace tiempo. Un juez condenó por injurias el pasado junio a Manuel Morales, edil de IU, tras denunciar éste que en el cuerpo existía un grupo con "tintes xenófobos". El concejal de Seguridad, Eduardo Moral, considera en cambio que IU mantiene una guerra abierta contra la Policía Local "con denuncias que rayan lo absurdo".