Las reticencias a los debates

Cuando un gobierno se encuentra en minoría suele pensárselo dos veces antes de remitir un plan sectorial para su debate en el Parlamento. El panorama que se le presenta es el siguiente: la oposición se une y le da la vuelta; el Gobierno es capaz de negociar previamente y saca adelante el plan, aunque con concesiones, y la tercera opción es no mandarlo, ya que no tiene obligación legal de hacerlo. En estos casos, la que peor parada sale es la imagen del Ejecutivo, que rehúye el debate en el Parlamento.

Para evitarlo, lo normal es que se emplee a fondo en las negociaciones previas, demuestre su mano izquierda y se garantice previamente los apoyos para evitarse sorpresas. Aunque el Ejecutivo no tiene obligación legal de remitir los planes a la Cámara, supone una deferencia, algunas veces inexcusable. Por ejemplo, cuando se trata de cuestiones de gran calado social, como la vivienda, en las que el debate siempre resulta conveniente.

El consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, es quien más pegas ha puesto a estas discusiones parlamentarias. Ya las eludió la pasada legislatura con el primer Plan Director de Vivienda y ha tratado de resistirse también esta legislatura con el segundo plan. La insistencia de la oposición, que no se conformó con su comparecencia en comisión para dar simplemente explicaciones del contenido, permitió que se celebrara el debate a fines de diciembre. El resultado del mismo resultó sorprendente, con alianzas entre Ezker Batua, PSE y EA para solicitar a las diputaciones que reduzcan sus deducciones a la compra de vivienda y se emplee el dinero en ayudas directas. El PP y el PNV se opusieron.

Otro caso sonado de reticencias al debate fue el que protagonizó el pasado año el consejero de Sanidad, Gabriel Inclán, con el Plan Estratégico para el Desarrollo de la Atención Sociosanitaria en el País Vasco. Su tramitación resultó rocambolesca. El Ejecutivo fue obligado a llevar el plan al Parlamento tras perder una votación frente a toda la oposición. Socialistas, PP y EHAK forzaron en mayo del año pasado la remisión al Parlamento de este plan para su debate, en contra el criterio del tripartito, y después de que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, e Inclán lo hubieran presentado públicamente.

Una vez que el Gobierno asumió que debía mandarlo, la Mesa del Parlamento llegó a paralizar su tramitación al llegar a la Cámara avalado sólo por el consejero y no haber sido aprobado como comunicación en Consejo de Gobierno. Finalmente, dio luz verde al envío al Parlamento como comunicación del Ejecutivo en pleno. Esa fue la primera vez que el Gobierno realizó un envío al Parlamento de esta forma, lo que ocurrió después de resistirse al máximo a someter ese documento a debate parlamentario.

En otras ocasiones, lo que ha ocurrido es que el tripartito se ha valido de la incompatibilidad de la oposición para sumar sus votos para barrer todas sus propuestas. Ocurrió con el primer Plan de Inserción 2003-2005, debatido durante la pasada legislatura. El tripartito rechazó en un instante las 70 propuestas de resolución que los partidos de la oposición habían presentado en el pleno de la Cámara para mejorar el plan. La parlamentaria y portavoz de Ezker Batua en el debate, Kontxi Bilbao, justificó el rechazo en que la falta de tiempo impidió a los grupos del tripartito analizar en profundidad las propuestas de la oposición. Tan solo tuvieron ocasión de leerlas someramente, pero eso fue suficiente, aseguró, para comprobar que gran parte de ellas trataba sobre cuestiones que ya figuran en el plan, por lo que optaron por rechazarlas en su conjunto. El enfado de la oposición ante el argumento de la falta de tiempo resultó mayúsculo.