La Paz, eje del centralismo

Sus calles y avenidas son las preferidas de cuanto grupo de manifestantes se forme al calor de cualquier reclamación. Los heroicos vecinos de La Paz están entre los mayores e involuntarios inhaladores de gases lacrimógenos del país en tiempos de dictadura o democracia, y han aprendido, a fuerza de resignación, a superar sin mucho trauma la diaria congestión de automóviles.

La sede del Gobierno de Bolivia se levanta en una hoyada, a 3.650 metros de altitud, y ha peleado espacios a todas las laderas de las montañas que la rodean para improvisar viviendas deleznables. Una sola gran vía une El Alto, ciudad dormitorio que acoge el aeropuerto internacional, y que está situada en la altiplanicie sobre La Paz, con el resto de la urbe. Cualquier obstrucción en un tramo aísla las zonas residenciales, y la circulación se colapsa cuando hay más de un grupo de manifestantes, que generalmente llegan desde el interior del país y protagonizan marchas, sentadas, ocupaciones de oficinas o crucifixiones para llamar la atención de las autoridades.

Se calcula que La Paz perdería 500 millones de euros al mes con la mudanza

Pese a todo, miles de ciudadanos de El Alto y La Paz (que suman 1,6 millones de habitantes) dijeron a sus compatriotas que "la sede no se mueve", en un impresionante cabildo que fue recibido en el resto del país como una muestra de fuerza y de arrogancia.

Los argumentos históricos a favor de la causa sostienen que, en 1826, durante la tercera presidencia en la República, después del Libertador Bolívar y de José Antonio de Sucre, el Gobierno se trasladó a La Paz por razones geopolíticas y estratégicas.

El presidente del Concejo Municipal de La Paz, Luis Revilla, califica de "impertinente e inoportuna" la discusión sobre la capital. "No es el momento", dice. "Hay demasiada confrontación en el país para incluir un tema sensible y muy delicado para las regiones, que ha sido objeto de una guerra civil hace más de 100 años y que puede volver a enfrentarnos con consecuencias imprevisibles".

Revilla niega toda posibilidad de debatir el asunto y rechaza el referendo previsto en caso de que los constituyentes no logren acuerdos. "Hay que preguntarse si en alguna parte del mundo se ha sometido a referéndum un asunto que perjudica a alguien", declara enfático. Y La Paz, según sus cálculos, perdería 700 millones de dólares (unos 500 millones de euros) al mes y el Estado tendría que erogar miles de millones para trasladar los poderes a Sucre.

El flamante Comité de Diálogo y Concertación, creado por los partidos políticos representados en la Asamblea, no ha podido en los dos primeros días de trabajo destrabar la agenda e incluir, dentro del capítulo de la Organización del Estado, la definición de la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo. "Son temas conflictivos, difíciles de resolver por las posiciones duras de los constituyentes", admitió el tercer vicepresidente de la Asamblea, Ricardo Cuevas, en declaraciones a la prensa local.

Marcela Revollo, asambleísta del Movimiento Sin Miedo, aliado del oficialista MAS, afirmó que la Asamblea "está acosada y es víctima de la conspiración de los prefectos (gobernadores) de oposición y de los comités cívicos", que persisten en rechazar las propuestas de cambio social "para mantener la pobreza y la discriminación". "Es un momento peligroso para la propia existencia de la Asamblea", dijo.