El PP niega por vez primera su apoyo a una renovación de la Ley del Cupo
Sostiene que la cláusula de compensación introducida "desnaturaliza" el Concierto
Por primera vez en la etapa autonómica, la Ley del Cupo se aprobó en el Congreso de lo Diputados con la abstención del primer partido de la oposición. El Partido Popular se desmarcó del resto de los grupos a la hora de respaldar la norma que regula el cálculo de las aportaciones del País Vasco a los gastos del Estado entre 2007 y 2011. Y lo hizo arropándose en una interpretación ortodoxa del Concierto Económico. Para los populares, una cláusula introducida en la nueva ley supone "desnaturalizar el Concierto" y lo sitúa en una situación de "riesgo" en el marco de la Unión Europea.
Los portavoces de CiU y Esquerra muestran su "sana envidia" por el Concierto y se culpan por no tener un sistema similar
La disposición a la que se refiere el PP establece que el País Vasco se podrá deducir del Cupo anual el 6,24% de los nuevos compromisos de financiación que asuma el Estado con carácter general sobre competencias cuya ejecución corresponda a las comunidades autónomas. Se refiere, concretamente, a la participación de la comunidad autónoma en los fondos dispuestos por el Gobierno para la Ley de Dependencia, el desarrollo de la Ley Orgánica de Educación y la ampliación de la financiación sanitaria. Por estos conceptos Euskadi se deducirá 115 millones de euros del Cupo de este año, fijado provisionalmente en 1.565 millones. En principio, también sería aplicable para los gastos del plan de salud bucodental-infantil anunciado por el ministro de Sanidad o del cheque-vivienda que impulsa la ministra Chacón.
La introducción de esta cláusula fue, precisamente, una de las claves para el acuerdo sobre la renovación de la ley, que quedó apalabrado entre el PNV y el Gobierno socialista el pasado otoño, durante la negociación sobre los presupuestos del Estado, y fue formalizado por la Comisión Mixta del Concierto el 30 de julio. Para el PP, esta garantía vulnera "el espíritu y la esencia del Concierto Económico", según el cual la comunidad autónoma se financia con los impuestos concertados y asume el riesgo correspondiente en el ingreso y en el gasto. Dirigiéndose al PNV, el portavoz popular, el diputado guipuzcoano José Eugenio Azpíroz, aseguró que con esta fórmula se esté avalando "una invasión competencial" por parte del Gobierno central a cambio de una "sobrefinanciación" pagada por "el resto de los españoles". Azpiroz recordó las críticas de dirigentes peneuvistas y de la propia vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, a esa invasión de competencias y les acusó de haber preferido "hacerse con el huevo, en vez de con el fuero".
El portavoz del PP fue luego más allá y afirmó que esta alteración introducida en la Ley del Cupo "complica la defensa del Concierto Económico ante la Unión Europea". Se refería Azpíroz a la causa abierta en el Tribunal Europeo de Justicia debido a las sucesivas impugnaciones por Bruselas de incentivos fiscales a la inversión que mantuvieron las diputaciones forales. Tras la sentencia del Tribunal de Luxemburgo sobre el caso Azores, la cuestión planteada es si el País Vasco reúne las condiciones fijadas para definir un marco fiscal para sus empresas más favorable que el vigente en el resto de España. El PP considera que introducir ese flujo de compensaciones por parte del Estado puede ser "un torpedo en la línea de flotación" de los argumentos del País Vasco sobre la autonomía fiscal y financiera que le concede el Concierto Económico.
Al final, la Ley del Cupo fue aprobada por 175 votos a favor del resto de los grupos, 124 abstenciones del PP y un voto en contra. Por el contrario, los populares votaron favorablemente al proyecto de ley que modifica en tres puntos el texto del Concierto Económico de 2002 y que fue acordado también en la Comisión Mixta de julio.
El vicepresidente económico, Pedro Solbes, defendió ambos proyectos subrayando el "ejercicio de responsabilidad institucional" que supone la actualización del Concierto y del Cupo. De éste último destacó, como otros portavoces, su carácter "continuista", tanto en lo que hace a la metodología de cálculo de la aportación del País Vasco al Estado por las competencias no transferidas, como al coeficiente de imputación del 6,24%, inalterado desde 1981. Aunque el Gobierno socialista se propuso en su momento revisar a fondo dicha aportación, dentro del debate sobre financiación autonómica suscitado con el Estatuto catalán, su necesidad de apoyos en el Congreso para sacar adelante los presupuestos le llevó el año pasado a aceptar la postura del PNV de renovar la Ley del Cupo sin grandes modificaciones.
El portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, mostró la satisfacción de su grupo por la aprobación de las dos leyes, que no dudó en calificar como "las más importantes de la presente legislatura". El trámite dio lugar a un curioso choque entre por los partidos catalanes. El portavoz de Esquerra Republicana, Joan Puig expresó su felicitación al Gobierno vasco y sus partidos integrantes por el acuerdo conseguido y, recordando que lo aprobado (un sistema de concierto económico) es lo que su partido quiso incluir en el Estatuto catalán, achacó al líder de CiU, Artur Mas, la culpa de no haberlo logrado. "Lo que tenemos en Cataluña", dijo dirigiéndose al portavoz convergente Josep Sánchez Llibre, "en nada se parece a lo que aprobamos hoy [por ayer]. Ustedes lo saben y encima lo pactaron". Sánchez Llibre manifestó su "envidia sana" hacia Euskadi y respondió a ERC acusándole de haber roto la unidad de acción sobre el Estatuto para sacar de la "foto" a CiU.
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