Alguien debería advertir a Comercio

Todo el esfuerzo que está realizando España en África, el nuevo plan de Cooperación, las reiteradas visitas de los ministros de Trabajo y Exteriores, las reuniones con mujeres africanas, los pactos de Interior para impedir la salida de cayucos, todo, absolutamente todo, puede quedar contaminado en pocas semanas si el Gobierno no modifica la incoherente posición que está manteniendo en lo que de verdad le importa a África: los nuevos Acuerdos de Partenariado Económico (APE) con la Unión Europea. Es decir, las reglas que van a regir el comercio entre Europa y los llamados países ACP (76 Estados de África, Caribe y Pacifico, la mitad de los cuales figuran entre los más pobres de la Tierra) y que son los que verdaderamente marcarán su futuro.

Las negociaciones deben terminar antes de fin de año e, incomprensiblemente, España, hasta ahora, ha apoyado en más ocasiones al grupo que quiere imponer condiciones más estrictas que a quienes luchan por mejorarlas. Pretendimos, sin éxito, que Suráfrica no entrara en el APE de su zona, porque podía hacernos sombra con su vino. Defendimos que se suprimiera el párrafo según el cual la UE aceptaría que los países ACP protegieran sus productos más sensibles con periodos de transición de más de 20 años. En relación con los servicios (sector energético, comunicaciones, etc.), propusimos, afortunadamente sin éxito, que se suprimieran todas las referencias en el sentido de que la UE no tiene interés en batallar por esos mercados. "No deberíamos dar una señal equivocada en este sentido, ya que sí existen nuevas oportunidades de acceso a esos mercados para nuestras empresas de servicios", aseguraba el documento que entregó España al Consejo Europeo el pasado mes de abril.

Todo ello sin contar la ya clásica batalla del plátano. Una vez más, el Gobierno ha amenazado con no firmar nada, si previamente no se incluye al plátano entre los productos (azúcar y arroz) que tradicionalmente la UE no permite que los africanos exporten libremente. Se trata de una posición muy discutible, puesto que la protección del plátano canario tendrá que desaparecer, se quiera o no, igual que las otras dos, dentro de ocho años, porque no está nada claro que esa sea la mejor manera de proteger a los agricultores de las islas y porque, mientras tanto vamos a perjudicar seriamente a Camerún y a Costa de Marfil, dos países en los que la esperanza de vida no supera los 46 años.

Al parecer, existe una batalla soterrada entre los expertos de Comercio, habituados a ser los interlocutores en este tipo de negociaciones, y siempre atentos a las repercusiones indirectas que todo acuerdo internacional pueda tener respecto a nuestros intereses en América Latina (muy grandes), y los especialistas de la Secretaría de Estado de Cooperación, que luchan por imponer sus criterios sobre políticas de desarrollo y que se desesperan ante las incoherencias de sus colegas. Aunque Cooperación ha conseguido limar algunas de las posiciones más intransigentes, la opinión más generalizada entre quienes contemplan la pelea desde fuera (sobre todo ONG) es que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de Joan Clos, está consiguiendo marcar el paso.

Lo más lamentable de todo esto es que los acuerdos de Partenariado fueron concebidos, precisamente, como instrumentos para favorecer la reducción de la pobreza, y que el Consejo Europeo ha dicho, expresamente, que no son acuerdos comerciales al uso, sino que forman parte de sus estrategias de cooperación internacional. En España da la impresión de que Comercio no se ha enterado de ello y, peor todavía, que nadie (el Ministerio de Asuntos Exteriores, por ejemplo) les ha dicho que deben subordinarse a sus colegas de Cooperación, y no al contrario. De nada vale que España destine 10,3 millones de euros a Mauritania como ayuda oficial al desarrollo, si luego se limitan sus exportaciones a la Unión Europea (534 millones de euros). De nada, si se le obliga a abrir sus mercados, incluso en sus productos más sensibles, y se provoca un hundimiento de precios que desanime cualquier cultivo. De nada, si se les exige que se abran a la competencia en todo tipo de servicios y se destroza su incipiente mundo empresarial o industrial. Y eso lo saben perfectamente en África. solg@elpais.es