Somos 5 millones

Demasiado atónita todavía para valorar el enredo en Les Corts con la presunta futura nueva reforma del Estatut (a cuenta de los presupuestos generales y los agravios regionales) considero un error que la financiación de la Sanidad no haya obtenido más atención en el debate. Queda claro que la mayor parte de la aportación de "papá Estado" se la van a llevar los programas AGUA y AVE, pero aquí y ahora, si quieren, deberíamos pararnos un momento en una cuestión de la que tanto depende el bienestar y hasta la vida de los nuevos y los viejos valencianos. Que entre todos parece que somos ya 5 millones pidiendo prevención, analíticas, resonancias y antibióticos, aunque lo que no está tan claro es que se procuren los medios para que todo el mundo contribuya a pagar la factura en la medida de sus posibilidades.

Quizá sea ésta una de las razones para que las arcas de nuestro sistema de salud estén más vacías que las de Astroc y Llanera, y de ahí la permanencia del céntimo sanitario. Si es que se ingresa poco "por culpa de Zapatero", si se gasta mucho o si se gasta bien... ya son cuestiones que admiten diversos puntos de vista directamente relacionados bien con la ideología, bien con la consigna partidaria.

O mucho me equivoco o las cifras principales son éstas: la atención sanitaria de los desplazados nacionales e internacionales se lleva más de 300 millones de euros al año (a 100 euros per cápita le sale a la ciudadanía en edad laboral). Bajo este concepto tan heterogéneo hay estudiantes, pero también pensionistas, que son quienes más recursos consumen. Más del 10% de los 650.000 residentes extranjeros sobrepasa los 65 años, porcentualmente el doble que en el conjunto de España. En cuanto al turismo, según cálculos del Consell cuesta 210 millones de euros, sólo parte de los cuales se recuperan a través del Fondo de Cohesión. Luego está la población inmigrante, salvo que en este caso no se puede hablar de "clases pasivas" sino de gentes jóvenes, muy activas y cotizantes a la Seguridad Social gracias a la última y tan denostada regularización. Antes de ella, miles y miles de trabajadores en la clandestinidad tenían derecho a que se les asistiera, pero no el deber (ni la posibilidad legal) de contribuir al sostén del sistema. Ahora este país nuestro, "espacio demográfico dinámico", registra un crecimiento sostenido por la inmigración, así que por ahí no hay problema.

Por otra parte, y en cuanto a los turistas que nos visitan ocasionalmente y cuyos gastos no puedan ser recuperados, no parece descabellado pensar que lo comido por lo bebido, que la riqueza que generan con su estancia bien puede compensar la aspirina y hasta la apendicectomía de urgencia.

El problema más bien parece venir de parte de los residentes de la Europa rica, con buenas pensiones en sus bancos alemanes o suizos, que se apalancan a la luna de Benidorm porque el sistema sanitario español es el quinto más eficiente del mundo y aquí todavía muchas cosas salen baratas y algunas hasta gratis total. Por eso el turismo sanitario de los que vienen a medicarse o a operarse. También sé de numerosos casos de africanos (no precisamente los más pobres) que aterrizan en Manises y al día siguiente ya se benefician de los costosos tratamientos contra el sida, sin que medie inspección ni control.

La Generalitat reclama al menos 180 millones al gobierno de España alegando que se atiende a 740.000 personas más que en 1999, las cuales gastan 773 millones. De los convenios con la Unión Europea se habrían recibido sólo 90 en 2005 (no dice cuánto aportaban los gobiernos de Aznar, pero en fin... lo pasado, pasado está, gracias a Esculapio).

Racionalizar no es racionar. Pero en verdad apremia, precisamente a favor de la justicia social, un replanteamiento de a quién endosar la factura sanitaria para que nadie abuse injustamente. Sea de aquí o de allá. "Este es un gasto brutal", sentenció el decano de los médicos, "por tener una tierra maravillosa". Bienvenido todo el mundo. Pero, por favor, no nos tomen el pelo.