Una turbia gestión sin pruebas

"Cuando llegué no necesitaba servicio de limpieza porque me habían dejado el Ayuntamiento limpio". El alcalde de Alhendín (Granada), Miguel Ángel Gamarra (PSOE), se quedó perplejo el pasado mayo al comprobar cómo los discos duros de los ordenadores de las concejalías y alcaldía habían sido borrados. La anterior corporación del PP no había dejado ni rastro de documentos, presupuestos y comunicaciones con otras administraciones, necesarios para cogerle el pulso al consistorio. "No había nada, sencillamente nada en mi departamento", corrobora Eva Freire, concejal de Asuntos Sociales.

A Concha Vega, de la ONG Acoes, no le sorprendió que la edil le solicitara su proyecto para construir viviendas en Honduras pese a haberlo presentado otras dos veces con anterioridad. "Lo perdieron a finales de 2006 pero lo volví a presentar. Con el cambio de gobierno regresé porque decían que no quedaba nada", relata.

El terremoto político que sacudió Alhendín la pasada primavera culminó con la detención del ex concejal de Urbanismo, Manuel Fernández, y la imputación del alcalde, José Guerrero, y otros dos ediles como responsables de una pirámide de corrupción que dejó al descubierto las reveladoras escuchas telefónicas de la Policía. Los votantes castigaron al equipo de Gobierno por las acusaciones de cohecho y prevaricación de sus protagonistas, y en las elecciones el PSOE obtuvo la alcaldía. "Intento imprimir ilusión, pero lo cierto es que cuesta bastante con esta herencia", apunta Gamarra.

Antes de abandonar los sillones, los anteriores dirigentes se aseguraron de borrar las pruebas de su turbia gestión. Pero ahora Gamarra investiga también presupuestos de obra inflados, fraccionamientos de pago y contrataciones irregulares.

Por otro lado, el juez Miguel Ángel Gómez Torres prosigue su instrucción en la que están implicados numerosos promotores. Entre ellos destaca Fernando Rodríguez, empresario cuya promotora Frai construye 1.200 viviendas a sólo dos kilómetros de la pista de despegue de la Base de Armilla e invade su servidumbre aérea. El Ministerio de Defensa elabora estos días un estudio aeronáutico para determinar si la altura de seis plantas de los edificios pone en peligro el aterrizaje y despegue de helicópteros. "El real decreto es muy taxativo y Defensa decidirá ahora si es necesaria la demolición para restituir la seguridad", señala el alcalde.

El crecimiento urbanístico del pueblo se ha frenado y desde noviembre de 2006 el consistorio no ha concedido una sola licencia de obra. Después de que trascendiera el espinoso contenido de los pinchazos telefónicos en los que el ex concejal de Urbanismo y un empresario se burlaban del ejército ("a los militares se la metemos doblada"), el caso Alhendín es una patata caliente en manos de Defensa. El Ministerio busca una solución para las 1.200 familias que han visto cómo la entrega de sus casas se ha retrasado sine die.