IU-ICV y el Gobierno tratan de amarrar la Ley de Memoria

"No vamos a dejar de aprobar esta ley por un pie de página", sentenció el martes en el pleno del Congreso Jordi Xuclá, diputado de CiU, mirando fijamente a Joan Herrera, de IU-ICV. Hablaban de la ley de memoria histórica. Como es habitual en el Congreso, se trataba de guiños sólo para iniciados. Esos "pies de página" a los que se refería son el meollo de la discusión entre IU-ICV y el Gobierno, que negocian casi permanentemente en estos días.

En el último texto enviado [que se extracta abajo], el Gobierno ha incorporado varias de las peticiones de CiU, de manera que el acuerdo con este grupo parece cercano. Las discrepancias con IU-ICV, aunque aparentemente son de matiz, tienen un trasfondo político mucho mayor. IU-ICV ya ha logrado varios avances: primero, retirar del artículo 2.1, que declara el carácter injusto de las condenas en la Guerra Civil y en la dictadura, una frase muy polémica: "Cualquiera que fuera el bando o la zona en la que se encontraran quienes las padecieron". Las menciones a los dos bandos son siempre delicadas. A cambio, CiU ha logrado incorporar al inicial "por razones políticas o ideológicas" las "de creencia religiosa", para condenar también el terror contra los católicos en la zona republicana. Pero ya no se equiparan los dos bandos, uno sujeto a la legalidad democrática y el otro golpista, como pedía IU-ICV.

Sin embargo, la discusión más profunda se sitúa ahora no ya en cómo redactar la ley, sino en cómo interpretarla. IU-ICV ya logró incorporar en abril una declaración de "ilegitimidad" de todos los juicios franquistas, y la derogación de todas las leyes represivas del franquismo. La federación quiere garantías de que este texto, que dio un vuelco a la ley, pueda servir como prueba ante los tribunales para quienes quieren revisar sus procesos (el Supremo ha rechazado uno tras otros casos como el del comunista Julián Grimau o el anarquista Puig Antich).

IU-ICV, con el apoyo técnico de Carlos Jiménez Villarejo, el ex fiscal anticorrupción, busca una fórmula con el Gobierno, probablemente en la exposición de motivos, para que quede clara de alguna manera lo que los juristas llaman "voluntad del legislador" y esta ley pueda ser utilizada en esos casos simbólicos. IU-ICV ha renunciado a la anulación de todos los juicios por ley, que es lo que pedía en un principio y el Gobierno rechazó de plano, pero busca una vía intermedia. El acuerdo está cada vez más cercano.