Anticorrupción pide seis años para el ex alcalde de Andratx

El caso Andratx, la supuesta trama de corrupción urbanística destapada por la Fiscalía Anticorrupción en noviembre de 2006, que llevó a la cárcel al que era alcalde de la localidad mallorquina, Eugenio Hidalgo, del PP, comenzará a ser juzgado en la Audiencia de Palma. La fiscalía solicita seis años de prisión para el ex regidor por falsedad en documento oficial, prevaricación urbanística e infracción contra la ordenación del territorio por la licencia y la obra de una de sus casas.

La primera petición de juicio de las decenas que hay previstos por este asunto contra el ex alcalde y sus colaboradores, trata de la construcción de una de sus viviendas particulares en una zona protegida mientras era alcalde. El fiscal acusa al núcleo duro del caso Andratx: el ex alcalde del PP que dimitió al ser encarcelado, su socio el inspector celador de obras, Jaume Gibert y el jefe de urbanismo y ex director general del Gobierno balear del PP Jaume Massot. Otros técnicos, abogados y arquitectos se alternan en las imputaciones junto a empresarios inmobiliarios.

El escándalo político, en el plano judicial, forma una sola causa pero está fragmentada en más de sesenta piezas separadas, una estrategia procesal del juez solicitada por la fiscalía para hacer operativa la instrucción y las citaciones a los muchos implicados y testigos. Cada pieza alude a una supuesta ilegalidad sobre un terreno y en el trámite municipal y tendrá un juicio independiente. En la mayoría de piezas repiten como imputados el alcalde y sus afines.

Andratx es uno de los municipios litorales de Mallorca donde el urbanismo salvaje más ha mellado el paisaje y en el que más cotización alcanzan las viviendas residenciales. En el primer juicio aflora el supuesto método operativo de este urbanismo ilegal: otorgar licencias para construcciones en terrenos protegidos en base a falsos certificados sobre la existencia de construcciones agrícolas. Existía, además, la presunta complicidad de la falta de control municipal.

Siendo alcalde, Hidalgo transformó una casita de aperos en un chalé en área protegida. La fiscalía señala que tramitó para sí una licencia "radicalmente contraria a derecho", que logró "una cobertura y apariencia de legalidad" y edificó una vivienda prohibida, a pocos metros de la sede del Ayuntamiento. Logró certificados e informes de legalidad porque obtuvo la ayuda del inspector de obras Jaume Gibert, el jefe de urbanismo Jaume Massot y el letrado municipal Ignacio Mir.

"Se concertaron al efecto de idear, planificar y ejecutar las actuaciones fácticas y administrativas", dice la fiscalía. El ex alcalde "aleccionaba y convencía" a quienes sabían que el permiso y la obra "contradecía frontalmente" las normas.

La residencia se amparó con una licencia de reforma de un almacén agrícola inexistente, en un solar que tenía poco más de tres mil metros cuadrados donde eran exigibles, para una vivienda unifamiliar, un mínimo de 50.000 metros cuadrados por ser un área rústica preservada. No existe la posibilidad de legalizar dichas construcciones y el fiscal exige su demolición y restauración del terreno a cargos de los imputados.

Hidalgo se ausentó de la comisión donde se votó la licencia. El celador Gibert -que afronta una petición de pena de cárcel de seis años-, desde su despacho en el Ayuntamiento, "divisaba perfectamente que la construcción realizada no se ajustaba a la licencia concedida, y no realizó acto alguno tendente a impedir la edificación de la vivienda ilegal omitiendo su obligación legal de perseguir obras ilegales y delictivas".

Por sus informes irregulares, al ex director general Jaume Massot se le reclaman dos años de prisión e inhabilitación de cargo público por un tiempo de 10 años, y para el asesor jurídico Ignacio Mir, un año de prisión e inhabilitación durante 10 años. El fiscal solicita sendas fianzas de 90.000 euros para Hidalgo y Gibert.