El Gobierno acepta que la ley de memoria condene la represión contra los católicos

A pesar de los escasísimos plazos de que dispone, el Gobierno avanza lentamente en la negociación de la Ley de Memoria Histórica. Ya ha aceptado condenar los desmanes en el bando republicano contra ciudadanos católicos, como pide CiU (los democristianos de Unió existían en 1936). Además, CiU pide que el artículo 3.2, que declara la ilegitimidad de los tribunales franquistas, incluya a los jurados populares que ordenaron fusilamentos en el bando republicano. El Gobierno no ha hecho ningún nuevo intento de acuerdo con IU-ICV, que exige la condena explícita del franquismo.

El líder de Unió, Josep Antoni Duran, ha tomado el mando de la negociación, que lleva personalmente con el equipo de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, principal artífice de la ley. Los acuerdos no parecen lejanos -aunque los plazos apremian- pero Duran ha dejado muy claro a sus interlocutores que para CiU es fundamental que también el PNV, con quien le unen lazos históricos y filiación democristiana, apoye esta ley. Los nacionalistas vascos reclaman algún compromiso para la devolución a Euskadi de los documentos del Gobierno vasco en el exilio.

El Gobierno ha enviado una última propuesta en la que se contempla la idea de los democristianos de incluir en la ley el terror en el bando republicano, especialmente contra ciudadanos católicos. Así, el artítulo 2.1, que decía "se declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas [...] por razones políticas o ideológicas", ahora añade "o de creencia religiosa"; y en el 3.2, que declara ilegítimos todos los tribunales franquistas (Tribunal de la Represión de la Masonería y el Comunismo, Tribunal de Orden Público) y los consejos de guerra, se agrega "por motivos de creencia religiosa" para contemplar el terror republicano.

Jurados republicanos

CiU quiere ir un poco más allá, y ayer el equipo de Duran envió a Moncloa una propuesta para incluir, entre los tribunales ilegítimos, a los jurados populares que en plena guerra sancionaron la mayoría de los desmanes en el bando republicano.

Con CiU la negociación parece avanzar, y eso podría arrastrar al PNV, que en ningún momento ha mostrado una oposición frontal a esta ley, aunque sí quiere corregir algunas cosas. Pero la situación está bloqueada con IU-ICV, a la que el Ejecutivo no ha ofrecido apenas avances en los asuntos que tenían pendientes desde que lograron un preacuerdo en abril.

Uno de los puntos de desacuerdo es la exposición de motivos. IU-ICV -la negociación la llevan al alimón Joan Herrera y Gaspar Llamazares- exige una condena explícita del franquismo. El texto que ofrece el Gobierno, que se ha añadido a la exposición de motivos que se propuso inicialmente, señala: "Cumple recordar que el 20 de noviembre de 2002 la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una Proposición de Ley en la que el órgano de representación de la ciudadanía reiteraba que 'nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos', y, en fechas más recientes, en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006 se denunciaron las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España por el régimen político establecido tras la Guerra Civil entre los años 1939 y 1975".

Herrera y Llamazares quieren un texto más claro, que condene expresamente el franquismo y el golpe militar, de una vez y para siempre, en una ley. Además reclaman otra cuestión más de fondo. El artículo 3, la gran novedad que se pactó en abril entre el PSOE e IU-ICV, declara "ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos". Herrera y Llamazares interpretan que eso tiene consecuencias jurídicas que podrían llevar a anular alguna sentencia en los tribunales. El Ejecutivo interpreta que no. Para evitar dudas, IU-ICV exige que la exposición de motivos lo aclare, pero el texto que propone el Ejecutivo no lo incluye.