El viciado debate de la inversión

La entrada de los Presupuestos Generales del Estado para 2008 al Congreso -que se producirá hoy- ha levantado una oleada de reclamaciones autonómicas pidiendo más inversión. Cataluña exige las inversiones en función de su producto interior bruto (como marca el Estatuto); Andalucía apela al suyo y anuncia que recibirá en inversiones el equivalente a su población, y las comunidades del PP denuncian "la marginación" que sufren por parte del Gobierno de Zapatero, pese a que la Comunidad Valenciana o Castilla y León están entre las que más crecerán en estos presupuestos. Un repaso a la inversión por comunidades revela que una sola obra puede distorsionar la inversión y, por lo tanto, viciar todo el debate.

Las grandes obras explican buena parte de las variaciones de la inversión en las autonomías (ver cuadro). La T-4 de Barajas costó 6.185 millones, el doble de lo que recibe al año Madrid; sólo el AVE entre Madrid, Segovia y Valladolid costará 3.643 millones de euros, el doble de lo que recibe Castilla y León al año, y Aragón pasó de recibir 366,2 millones de euros en 1997 a 1.510 millones en 2002 para después volver a bajar a 1.021 millones por las obras del AVE.

El ministro de Economía y vicepresidente, Pedro Solbes, lo explicó el pasado viernes, en una primera presentación de los presupuestos: "Cuando uno hace un aeropuerto no se puede volver a hacer otro en el mismo sitio, e igual pasa con el AVE. Es lógico que en Aragón la inversión en ferrocarril decaiga, porque el ferrocarril ha llegado ya a Lleida. Y es lógico que en Cataluña la inversión, con el AVE y El Prat, aumente en estos momentos, como en la Comunidad Valenciana o en Andalucía, con el AVE hacia Málaga".

Una de las razones de la polémica es el método de cómputo de las inversiones en los Presupuestos: el importe va íntegramente a la comunidad que las recibe, aunque sean infraestructuras -como en el caso del AVE- que benefician también a otras regiones. Gran parte de la inversión del tren de alta velocidad entre Madrid y Barcelona se ha imputado a Aragón, como si no sirviera al resto de autonomías, afirma Josep Oliver, catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), quien alerta del problema que supone "regionalizar todas las inversiones e intentar cuadrarlas en función del PIB o la población". "Una gran obra altera los datos de inversión y por eso hay que mirar la cifra de inversión en una comunidad durante un periodo largo de años", abunda Oliver.

Entre 1991 y 2005, la inversión del Gobierno en Cataluña no ha llegado al 12% de la realizada en España, cuando su peso económico es del 18,8% y tiene el 16% de la población. De ahí la disposición adicional del estatuto que obliga a invertir en Cataluña durante siete años el equivalente a su PIB. Oliver defiende el caso catalán atendiendo a ese déficit crónico en infraestructuras, pero afirma que no se puede generalizar.

Para Ángel de la Fuente, economista del CSIC, el sistema actual de reparto de inversiones es "demencial", y con la irrupción de las condiciones que imponen los estatutos "se abre una dinámica infernal en el reparto de las inversiones, que tienen que ser competencia del Estado en función de las necesidades de cada momento".

Pero la disputa autonómica está abierta. Ignorando a menudo las grandes obras, el Gobierno saca pecho donde invierte más,

la oposición no deja de denunciar agravios, y algunas comunidades pactan con Solbes contrarreloj: Baleares se aseguró ayer inversiones por 2.800 millones en siete años,

con 300 millones en 2008, informa Andreu Manresa,

En otros casos no ha habido pacto. La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre (PP) y el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón exigieron ayer "varios miles de millones de euros" para Madrid.

Otro de los gobiernos autónomos que más inversiones reivindica es el valenciano. El secretario de los populares en la comunidad, Ricardo Costa, afirmó que no se fía del anuncio del Gobierno de que Valencia va a ser la comunidad que más crece en los presupuestos. El aumento de la inversión en la región coincide con los últimos tramos del AVE a Valencia y Alicante o los 400 millones para ampliar el aeropuerto de Alicante, que además utilizan la mayoría de los viajeros que salen o llegan a Murcia. Andalucía ha defendido un criterio distinto: el de la población, que le beneficia más, como ocurre con el PIB en Cataluña. Y así constará en las próximas cuentas públicas. Ayer, el presidente andaluz, el socialista Manuel Chaves, afirmó: "No se otorga ningún privilegio a Andalucía, ni se comete ninguna injusticia. Se nos da lo que nos corresponde, algo que no hizo el Gobierno del PP". Andalucía ha recibido desde 1997 el 14,9% de la inversión (más que su PIB), pero menos que lo que le correspondería atendiendo a la población.