Valencia contrata el 70,1% de la inversión municipal 'a dedo'

El 70,1% del gasto total en inversiones del Ayuntamiento de Valencia acaba en manos de las contratas, concesionarias o la empresa pública Aumsa. Los concursos públicos apenas encauzan el 9,2% del gasto. Así lo refleja la auditoría municipal sobre la gestión de 2006. Por segundo año consecutivo, el informe destaca el elevado porcentaje de gasto adjudicado a dedo, denunciado ya por la oposición por supuesta vulneración de la libre competencia. El interventor también objeta gastos sin presupuesto y exige control en los sobrecostes de obras.

La auditoría del interventor repite desde hace años como una letanía los males que aquejan a la gestión del Ayuntamiento de Valencia, presidido por la alcaldesa, Rita Barberá, del PP. En sus conclusiones sobre las cuentas de 2006 destaca de nuevo el reproche a "la realización de gastos sin autorización, disposición ni fiscalización previa", así como los costes por "excesos de obra" o desviación en la ejecución de proyectos adjudicados. En ese sentido, la Intervención insiste en la "necesidad de un mayor rigor en la redacción de proyectos de obras" y en las modificaciones para darles cobertura presupuestaria.

Al analizar los tipos de contratación, el informe significa que "gran parte de las inversiones se realizan a través de encargos a contrata y/o a concesionaria y encargos a Aumsa". Así, un 36,9% de los procesos de contratación se los reparte este grupo, que abarca hasta el 70,1% de la inversión -unos 78 millones de euros sobre un total de 11,4-. El porcentaje es prácticamente el mismo que en 2005, cuando la contratación directa consumió el 70,4% de la inversión. Cifras que, según el interventor, son "claramente" superiores a ejercicios anteriores. Fuera de la concurrencia pública queda también un 10,6% en "otros" contratos, en el que figuran "gastos satisfechos a agentes urbanizadores" en la gestión de planes urbanísticos. Frente a ello, "las nuevas licitaciones en sentido estricto", como concursos, subastas, procedimientos negociados y contratos menores, a pesar de representar el 54,2% de los contratos, sólo implican un 13,9% del gasto.

"Sin cuestionar la conveniencia" de recurrir "en algunos casos" a concesionarias y contratas, el interventor recuerda al Ayuntamiento que debe acreditar por qué desaconseja la licitación de una obra frente al encargo directo. El PP defiende que es legal dar las obras a contratas y más "ágil" que hacer concursos.

En el capítulo de las inversiones llama también la atención el hecho de que sólo se valore como "correcta" la tramitación del 46% del presupuesto, mientras que al resto de expedientes se plantean objeciones, desde la falta de fiscalización previa a "desviaciones sustanciales" en proyectos aprobados. El interventor critica que en los últimos meses del año se recoge la facturación de servicios de diversas contratas "cuya dotación presupuestaria se ha revelado como insuficiente", lo que obliga después a un reconocimiento extrajudicial de esa deuda.

Ante esto datos, el concejal socialista Juan Ferrer consideró ayer que la auditoría supone "un varapalo a la gestión del gasto por parte del Ayuntamiento". Para Ferrer, el interventor da la razón a las quejas de su grupo sobre el gasto sin cobertura y la contratación "sin proceso de concurrencia y publicidad". El concejal denunció "la falta de control de las contratas", como sería el caso de la de limpieza de los colegios, sobre la que el interventor dice que factura en las horas extra un 50,6% más de lo previsto.