La comisión del fraude de Irún citará a todos los cargos de Hacienda desde 1995

La comisión de las Juntas Generales de Guipúzcoa que investigará el presunto fraude en la oficina tributaria de Irún citará a todos los responsables de la Hacienda foral desde 1995 hasta 2006. La lista inicial, a la que podrían sumarse otros nombres, incluye desde los diputados hasta los encargados de informática. Como estaba previsto, todos los grupos del Parlamento provincial respaldaron ayer la puesta en marcha de la comisión, que tiene un plazo de seis meses para culminar su indagación y el objetivo de depurar las responsabilidades políticas que haya en la supuesta estafa.

Todos los grupos expresan su voluntad de llegar "hasta el final" para depurar responsabilidades

Todos los grupos junteros manifestaron ayer su voluntad de que la comisión investigue "hasta el final" el presunto fraude en la oficina de Hacienda de Irún, con el fin de determinar "la posible imputación de responsabilidades políticas", ya que las jurídico-penales, en su caso, las fijará la Justicia. Los partidos ratificaron así la decisión que ya avanzaron el pasado febrero, cuando dieron el visto bueno a investigar el caso, pero una vez que finalizaran las diligencias de la Fiscalía. La creación de la comisión, promovida por tres grupos de la oposición (PP, EB y Aralar), salió entonces adelante tras fracasar su constitución en noviembre de 2006. En aquella ocasión, el PNV, EA y el PSE la rechazaron aduciendo que podía interferir en las actuaciones emprendidas por el Ministerio Público.

Tras la documentación recibida de la propia Diputación en septiembre de 2006, la Fiscalía presentó el pasado mayo una denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Irún contra cuatro personas, a las que acusa de haber montado una "trama" en la delegación tributaria de Irún que, supuestamente, cobró deudas a contribuyentes a espaldas de la institución foral entre 1995 y 2004. El Ministerio Público apunta como cerebro del fraude al entonces director de la oficina, José María Bravo, ahora en prisión. Según la acusación, éste negociaba a la baja las deudas de contribuyentes morosos, les cobraba las cantidades de dinero apalabradas y se apropiaba de ellas, haciendo creer a los pagadores que estaban en paz con el fisco. Mediante estas prácticas se podría haber hecho con unos tres millones de euros.

Plan de trabajo

Ahora el caso está en el Juzgado de Instrucción número 2 de Irún. El ex director de la Hacienda de Irún, de momento, se niega a declarar. Dice que necesita más tiempo para preparar su comparecencia. Sí lo han hecho los otros tres imputados: su esposa, un socio de Bravo y una funcionaria que trabajó en la oficina tributaria. La juez ha empezado, además, a tomar declaración como testigos a los contribuyentes afectados.

Mientras la vía judicial sigue su curso, la comisión de investigación de las Juntas Generales, que se constituirá formalmente en breve, tratará de aclarar las responsabilidades políticas que se pudieran derivar del presunto fraude, por "una deficiente gestión de los servicios públicos por parte de los cargos directivos", señala el texto acordado por todos los grupos. "Son demasiados años los transcurridos desde que presuntamente comenzasen las irregularidades hasta la denuncia en la Fiscalía", añade el escrito.

Los partidos han establecido un plan "básico" de trabajo. Para empezar, analizarán el alcance y las obligaciones de la comisión. Estudiarán, entre otras cosas, las consecuencias para quien no comparezca y los límites del contenido del informe final. A continuación, pedirán los informes pertinentes a la Diputación. Y luego solicitarán, "como mínimo", la comparecencia de todos los responsables de Hacienda desde 1995 hasta 2006. La lista incluye a los diputados que ha habido durante este periodo y a los directores generales. En este grupo se encuentra Víctor Bravo, hermano de José María Bravo. En las fechas en que presuntamente se produjeron los hechos ocupaba el cargo de director general de la Hacienda foral. Dimitió como senador del PNV después de que la juez procesara a su hermano y las otras tres personas acusadas por la Fiscalía.

La comisión citará también a los subdirectores de Recaudación y Oficinas de Tributación, a los responsables de la Unidad de Coordinación de Oficinas Tributarias, a los responsables y técnicos de la oficina de Irún, a los responsables de los Servicios de Auditoría e Inspección, y los de Informática.

El portavoz del PSE, Miguel Buen, se dirigió expresamente a Victor Bravo para decirle que tendrá la oportunidad de explicar en la comisión si mientras fue director de Hacienda sospechó o no que se pudieran estar cometiendo "irregularidades" en la oficina de Irún. Y expresó su deseo de que la investigación se amplíe a los contribuyentes supuestamente estafados, ya que, a su juicio, "algunos fueron colaboradores necesarios" en el presunto fraude.

En nombre del PNV, Asier Aranbarri solicitó que se dejen a un lado los "partidismos" en la investigación y subrayó que las responsabilidades en estos casos siempre son "personales" y no de las instituciones. Indicó, en cualquier caso, que éstas deben poner todo de su parte para depurar las posibles responsabilidades políticas. Josean Rekondo, como portavoz de EA, socio de gobierno del PNV, alabó a su compañero de partido y actual diputado de Hacienda, Pello González, por la decisión de revisar 150 nuevos expedientes fiscales dudosos que van desde 1991 hasta 2001.

La popular Regina Otaola recalcó su satisfacción por la creación de una comisión que en principio fue rechazada y reclamó que se llegue "hasta el final desde el punto de vista político". La juntera de EB Arantxa González insistió en esta idea y pidió que se depuren las responsabilidades "caiga quien caiga". La portavoz de Aralar, Rebeka Ubera, demandó que la comisión "no se conforme con un relato de los hechos", sino que, "si se determinan responsabilidades, esto tenga efectos prácticos".