Estatuto y dinero

El acuerdo Solbes-Castells sobre las inversiones del Estado en Cataluña ha sido recibido con un amplio apoyo en esta comunidad, y recelos y alusiones a presuntos agravios en otras, especialmente algunas de las gobernadas por el PP. El acuerdo incrementa considerablemente (un 24%) la cuantía de las inversiones del Estado en Cataluña para 2007, modifica para este año y los siguientes el método de su cálculo, y establece sólidas garantías para el cumplimiento de esos compromisos.

La decisión aumenta en 827 millones las inversiones en Cataluña para el año en curso, aprobadas el pasado. Fue aquel un cálculo provisional, a la espera de un acuerdo metodológico, en particular sobre la definición de infraestructuras a que se refiere la disposición adicional tercera del nuevo Estatuto, que obliga a que la inversión estatal en Cataluña equivalga, durante siete años, al peso de la economía catalana (un 18,8%) en el conjunto de la española. El Gobierno central consideró, de acuerdo con un criterio administrativo habitual pero discutible, que sólo comprendía las inversiones correspondientes a Fomento y Medio Ambiente.

Aquella disposición aspiraba a contrarrestar el crónico déficit de las infraestructuras de Cataluña que estaba comprometiendo su tradicional función de locomotora de la economía española. Pero su aprobación provocó la proliferación de cláusulas parecidas en otros estatutos, y en cada caso con el criterio más favorable para esa comunidad; con el riesgo de complicar extraordinariamente un acuerdo de conjunto.

La discusión doctrinal sobre la inclusión de tal cláusula en el Estatuto y del criterio concreto aplicado (porcentaje del PIB) sigue abierta, pero ello no podría ser excusa para que el Estado incumpla sus obligaciones inversoras en Cataluña. El vicepresidente Solbes ha cambiado su criterio en el sentido de incluir en el recuento de las inversiones las industriales, agrícolas o de investigación. Ese cambio cuenta con argumentos de peso: el primero, que la nueva lectura aproxima la aplicación del texto catalán a la del andaluz, que no se circunscribe a las infraestructuras, sino que abarca a todas las "inversiones del Estado"; el segundo, que la reciente crisis simultánea de los ferrocarriles de Cercanías, el aeropuerto y las autopistas, amén del suministro eléctrico en el área de Barcelona, ha evidenciado los efectos de ese déficit de inversión en Cataluña, y advertido sobre sus posibles consecuencias si no se le ponía remedio. Consecuencias que a la larga afectarían a la economía española en su conjunto.

Hay una tercera razón, que es la proximidad de las elecciones: el interés compartido por el Gobierno central y el catalán por contener la tendencia a la abstención de votos socialistas en uno de los mayores graneros de voto del PSOE. Pero lo que eso explica no es que se haya buscado un acuerdo estable para los siete años, que era una obligación recogida en la ley de presupuestos para 2007, sino que se haya cerrado ahora.