Amigos y enemigos de Imaz

La convocatoria de un referéndum de autodeterminación "no dejaría de proporcionar al MLNV pretextos para proseguir su acción violenta"; también se los suministraría una eventual legalización de tal consulta cuya convocatoria "se demorase luego" ante el temor a los problemas irresolubles que podría plantear si el resultado fuera favorable a la secesión en unas provincias y contrario en otras, escribía en EL PAÍS, en 1996, José Miguel de Azaola, el intelectual vasquista fallecido el pasado día 8, a los 90 años. En uno de sus últimos artículos (El Correo, 5-10-01), sostenía que el PNV no podía seguir por más tiempo en la indefinición entre independencia y autonomía, soberanía y foralidad: "Hágase patente -escribía- la incompatibilidad entre Fueros e independencia, porque los primeros exigen la renuncia a la segunda".

En sus memorias, José Ramón Recalde se refiere a Azaola como uno de los "maestros socráticos" de su generación (Recalde lo es de la siguiente a la suya) a la que aportó una visión europeísta y federalista del problema nacional. El propio Azaola había resumido esa visión suya en otro artículo (El Correo, 1-9-98) en el que consideraba que la finalidad esencial del federalismo es alcanzar una síntesis entre unidad y pluralidad combinando elementos destinados a promover la cohesión e identidad del conjunto federal, y elementos destinados a promover la diversidad de ese conjunto y la identidad de sus componentes. El federalismo, concluía, "o bien sirve para que ambas coexistan o no es tal".

En el País Vasco hay partidos que son claramente autonomistas, otros que son independentistas o soberanistas y uno, el PNV, que se mantiene en la ambigüedad. Con su propuesta, sintetizada en la fórmula "no imponer, no impedir", Imaz ha pretendido, más que una definición neta de tipo autonomista, una síntesis entre los planteamientos soberanistas y los autonomistas o federalistas que cohabitan en su partido. Esa síntesis consiste en proponer que, a cambio de integrar en el consenso interno vasco a los partidos no nacionalistas, el Gobierno y su mayoría parlamentaria se comprometan a no modificar en las Cortes el proyecto que les llegue de la Cámara vasca. Se trataría de intentar salvar el principio del respeto del ámbito de decisión vasco sin vulnerar formalmente los preceptos constitucionales.

Un planteamiento muy similar, por tanto, al del plan Ardanza: la participación del Estado "ya viene garantizado a través de la representación vasca de los partidos de ámbito estatal", lo que permitiría a las "instancias competentes del Estado" declarar "de antemano su disposición a hacer propios los acuerdos alcanzados en las instituciones vascas", puede leerse en la propuesta presentada en 1998 por el anterior lehendakari en su intento de frenar la ruptura del Pacto de Ajuria Enea por parte de sectores del PNV que ya habían iniciado contactos con ETA con vistas a lo que acabaría plasmándose en el Pacto de Lizarra.

En la presentación de un libro de Mario Onaindía, en febrero de 2000, Felipe González hizo un análisis del plan Ardanza que era una invitación a releerlo dos años después de su formulación. Veía elementos aprovechables, sobre todo en relación a la definición de un marco compartido, pero mantenía su desacuerdo con el planteamiento de eliminar al Estado de la reforma del Estatuto. Recordó que su oferta de Anoeta, en octubre de 1982, de apoyar desde el Gobierno (si ganaba las elecciones) el "común denominador" a que llegasen los partidos vascos, tenía como único (pero decisivo) condicionante el respeto a los límites constitucionales.

Zapatero hizo una promesa similar respecto a la reforma del Estatuto catalán, dando por supuesto que, siendo el PSC su impulsor, no plantearía problemas de constitucionalidad. Pero falló el partido o falló el liderazgo de Maragall y el resultado fue un proyecto de Estatuto que el Gobierno no tuvo más remedio que enmendar en defensa propia. Ese antecedente ha sido esgrimido por los enemigos de Imaz para descalificar su propuesta. Y la ponencia consensuada por los que se reparten su túnica toma del Pacto del Tripartito catalán de 2003 la idea de convocar una consulta popular en el caso de impugnación, modificación sustancial o demora en la tramitación de la reforma estatutaria. Idea que Artur Mas (y también ERC) propuso luego aplicar en caso de una sentencia desfavorable del Constitucional sobre el Estatut.