La ley de memoria, embarrancada

Más de tres años lleva la ley de memoria histórica en su tortuoso periplo para ver la luz antes de que acabe la legislatura. El final se acerca y los grupos multiplican las negociaciones, pero el acuerdo no llega. El Gobierno negocia a tres bandas: con Convergència i Unió, Partido Nacionalista Vasco e Izquierda Unida-ICV. El acuerdo con estos últimos está bastante avanzado desde el pasado abril, cuando el PSOE pactó con ellos declarar ilegítimos todos los juicios franquistas.

Ahora, el Ejecutivo negocia especialmente con CiU, un partido que se sintió excluido en abril cuando los socialistas pactaron en exclusiva con IU-ICV. Desde entonces no ha habido avances.

Ahora, los nacionalistas han presentado un documento con propuestas definitivas al Gobierno y al PSOE. En él se recoge, según fuentes de la negociación, la exigencia de reconocer expresamente la represión en el bando republicano por motivos religiosos. Unió, el partido que lidera el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran, la parte democristiana de la coalición, ya existía en 1936 y cuenta en sus filas con familiares de ciudadanos católicos o vinculados a la Iglesia, fieles a la República, ajusticiados en zona republicana por su fe.

El Gobierno aún no ha respondido, pero el intercambio de impresiones entre CiU, IU, el PNV, el PSOE y La Moncloa es constante estos días. IU-ICV, por su parte, quiere pactar cómo se interpreta el acuerdo de abril sobre la ilegitimidad de los juicios. El Gobierno dijo en ese momento que no tiene valor jurídico, y la federación quiere que quede claro que puede tenerlo.