160.000 contribuyentes para un gravamen que no gusta a la presidenta

Cuando hace unos años el presidente estadounidense, George Bush, quiso suprimir el impuesto sobre el patrimonio, un lobby compuesto por grandes fortunas del país se mostró en contra. Defendían que eliminar este impuesto iría en contra de la igualdad de oportunidades. Un gesto de conciencia social.

En España, este impuesto es de carácter estatal, pero cedido a las comunidades autónomas. Grava la riqueza real: lo que queda de restar a las propiedades de los ciudadanos -desde los pisos, los coches hasta las colecciones de sellos-, las deudas contraídas. Los ciudadanos de todas las comunidades tienen que pagar por su patrimonio si supera ciertos límites: el Estado ha fijado una exención general de 108.182 euros. El tipo del impuesto varía desde el 0,2% del valor de los bienes; hasta el 2,5% (cuando se rebasa los 10.695.996 euros).

Madrid recauda unos 430 millones de euros por patrimonio. Proceden de 164.000 contribuyentes. Ha elevado la exención general a 112.000 euros (el doble para los discapacitados). Y ha fijado otra exención para la vivienda habitual de 150.253 euros.

La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, prometió el pasado junio que estudiaría la "utilidad" de un impuesto que considera "obsoleto". Ha desaparecido de la mayoría de países europeos (salvo España, Suecia y Francia). Aguirre no ha encontrado aún los ingresos que sustituyan los 430 millones que se perciben por patrimonio Ella defiende que eliminar el impuesto estimularía la economía y las inversiones y crearía más riqueza en la región, lo que finalmente beneficiaría los ingresos en las arcas regionales. Pero nunca ha barajado, al menos en público, eliminar el impuesto, como sí hizo ayer el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez.

El impuesto ha quedado desfasado. El límite de la exención estatal no se modifica desde hace años, mientras el valor de las viviendas se ha disparado. La intención es que recupere su espíritu como un medio para conocer las propiedades de los ciudadanos: un registro censal.