Críticas al Gobierno británico sobre los mecanismos para afrontar la crisis

La intervención de las autoridades políticas y monetarias británicas para superar la crisis del Northern Rock ha provocado una inmediata recuperación de la Bolsa de Londres, pero ha abierto interrogantes sobre la solidez general del sistema y ha puesto en la picota tanto la estrategia de la autoridad para prevenir crisis bancarias como las herramientas disponibles para que los consumidores no acaben siendo los paganos. Los bancos hipotecarios afectados estos días por la crisis vivieron sabrosos repuntes y la inyección de 4.400 millones de libras (casi 6.000 millones de euros) ayudó a empujar la Bolsa.

El Northern Rock subió un 8,2% después de haber perdido más de un 55% en sólo dos sesiones, cerrando ayer a 306 peniques. Aún hubo colas en algunas oficinas, pero sólo en el sur del país y sin los agobios de días anteriores.

La intervención conjunta del Tesoro, el Banco de Inglaterra y el regulador (la FSA, Autoridad de Servicios Financieros) ha permitido superar la tormenta del Northern Rock, pero el cielo ha quedado lleno de nubarrones. La crisis ha puesto de manifiesto la propia fragilidad del sistema financiero británico: la crisis de las hipotecas de alto riesgo de EE UU ha afectado directamente a un banco que no tenía ninguna vinculación directa con el problema norteamericano. La vulnerabilidad británica parece residir en gran parte en el secretismo del sistema: ningún banco sabe hasta qué punto los rivales pueden estar afectados por las hipotecas americanas y se niegan a dar liquidez unos a otros.

La crisis también ha cuestionado los actuales mecanismos de prevención y de solución de crisis. El anuncio inicial de las autoridades, el viernes, en lugar de tranquilizar a ahorradores y accionistas, tuvo el efecto opuesto: las acciones se hundieron en la Bolsa y los ahorradores corrieron a retirar sus depósitos. Además de la escasa confianza que han generado políticos y gestores, el frágil mecanismo de compensaciones a los depositantes también parece haber jugado un papel. No sólo porque el Estado garantiza una cantidad máxima más bien modesta (43.100 euros), sino porque los ahorradores pueden tardar meses en recibir ese dinero.