Delincuentes. Sin matices

La fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz, que es coordinadora de siniestralidad laboral a nivel andaluz, en las declaraciones que ha realizado tras el accidente de Cádiz, en el que un trabajador de la construcción ha muerto sin estar dado de alta, ha valorado positivamente la colaboración entre administraciones al tiempo que ha pedido un mayor número de inspectores. No seré yo quien ponga en duda la colaboración ni un mayor control. No obstante, y pese a estas palabras esperanzadoras y buenos gestos entre administraciones, es un hecho, visto a la luz de los datos de siniestralidad, que los accidentes en Andalucía siguen en su nivel de siniestralidad y que en sectores como la construcción o la pesca se mantienen las altas cifras de mortalidad. Se dice que para actuar contra esta realidad de muerte es necesario que se incremente la plantilla de inspectores; que los casi 300 que existen son insuficientes, dado el número de obras y centros de trabajo, como también por la alta ocupación en la Comunidad.

Y, sin duda, es necesario ese aumento para que exista un control adecuado si no hay suficientes inspectores. Y, añado, aún más si la mayoría de las inspecciones se realizan en jornada de mañana, sin una adecuación a las jornadas de trabajo de las empresas, cuya distribución del trabajo nada tiene que ver con la jornada de los funcionarios o, bien, si se realizan en ventanilla y no en los centros. Ahora, bien, por mucho esfuerzo que se haga o, dicho con palabras de la fiscalía, aunque "se esté dando el do de pecho" por las administraciones, no cabe cerrar los ojos.

Y no cabe cerrar los ojos porque ya han transcurrido 12 años desde que se aprobó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 10 del Reglamento más diversas leyes, sin que, pese a contar con un marco legislativo suficiente y pese al esfuerzo de administraciones y agentes sociales y económicos, la siniestralidad haya disminuido. La muerte de otro trabajador en Cádiz el pasado martes, y dos más esta misma semana en Jerez en una planta de residuos -al parecer sin contar con medidas de seguridad y de protección- son más ejemplos de muerte que se añaden. Y, realmente, necesito pensar que cuando se cuentan con leyes suficientes; cuando se cuenta con una fiscalía y una justicia comprometidas; cuando se cuenta con unos agentes sociales y económicos que muestran su preocupación y ocupación, los accidentes deben disminuir. Sin embargo, no es así. Luego, sin estar equivocados en causas y respuestas ya dadas, tengo la impresión de que hay que actuar en otras líneas que complementen lo ya avanzado. En este abrir horizontes me viene a la memoria que en un viaje que, por razones profesionales, realicé a Jerusalén en el año 1995, observé que numerosos trabajadores de la construcción se encontraban subidos en andamios sin contar con medida de protección alguna. Hice la comparativa con España, y me retrotraje a los años sesenta y setenta, en los que no existían ni leyes de prevención ni intención de que las hubiera. No obstante, como los avances y riqueza de Israel no se compadecían con esta ausencia de medidas en el trabajo, me pregunté como era posible. Enseguida lo supe: los trabajadores eran palestinos; parte de la sociedad miraba para otro lado.

Hoy, muchos años después, miro para Castilla-La Mancha: se que numerosos vendimiadores, búlgaros y rumanos en su mayoría, trabajan como jornaleros sin contar con contrato, ni permiso de trabajo y durmiendo en un tinaja. Y observo también que algunos empresarios exigen que sea así, intentado forzar al Estado para que tolere esta situación mientras parte de la sociedad mira para otro lado. Tengo, pues, la impresión que cuando los trabajadores son inmigrantes, algunos empresarios se creen que pueden actuar con impunidad, sin que el Estado social y de derecho ni la sociedad reaccionen con la eficacia y contundencia que se les presume. Sucede en Castilla-La Mancha; sucede en Andalucía. Tal vez, pues, además de leyes, sea necesario que parte de la sociedad deje de mirar para otro lado y rechace, sin matices, a estos delincuentes que hacen de la explotación y de la pobreza su riqueza.