La fiscalía acusará por atentado a quienes agredan a los médicos de Osakidetza

Las agresiones físicas o la intimidaciones graves a los médicos de Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud, serán tramitadas desde ahora por los fiscales como delitos de atentado a funcionario público, para los que el Código Penal prevé penas de uno a tres años de cárcel. Los colegios profesionales de médicos tramitarán las denuncias, lo que permitirá que la fiscalía conozca el caso desde su inicio y lo considere delito de atentado. Esta circunstancia facilitará a su vez que el domicilio del agredido no trascienda y se podrá llevar un registro fiable del número de agresiones. Son las principales medidas que recoge el protocolo de actuación que firmaron ayer la Fiscalía del Tribunal Superior y el Consejo de Médicos de la comunidad autónoma.

Los facultativos ven "infravaloradísima" la cifra de 240 casos de violencia al año

El presidente del Consejo y del Colegio de Médicos alavés, Kepa Urigoitia, criticó durante la presentación del protocolo en Bilbao el que hasta ahora las actitudes violentas contra los médicos no han sido perseguidas "con la suficiente energía". Esta experiencia, que beneficiará a los casi 4.500 facultativos que trabajan en el sistema sanitario público, responde al aumento en los últimos años "tanto en intensidad como en número de los insultos, amenazas, coacciones y maltratos psíquicos y físicos a los médicos del mundo occidental", explicó Urigoitia, quien también es secretario general del Sindicato Médico de Euskadi.

La falta de registros fiables de los casos impide apreciar con toda exactitud la incidencia de la violencia contra los facultativos. Las estimaciones del consejo apuntan que la cifra de 240 agresiones al año a profesionales sanitarios que se desprende del registro de Osakidetza está "infravaloradísima". "No hay médico que a lo largo de su carrera profesional no haya sido insultado o maltratado", afirmó y destacó que casi la totalidad de agresiones verbales no se denuncian.

El protocolo, que será objeto de seguimiento y valoración para determinar su impacto, introduce cambios de calado en el procedimiento de tramitación de las denuncias para que los facultativos sientan "el respaldo de su Colegio Profesional y de la justicia" ante una situación de violencia. También favorecerá "un registro de agresiones más fiable que redundará en su mejor seguimiento, evaluación y aplicación de medidas correctoras", recalcó Urigoitia. El registro reflejará también la distribución territorial y temporal de los incidentes, de forma que se pueda determinar cuáles son los puntos y los turnos calientes o más conflictivos, destacó el presidente del colegio vizcaíno, Cosme Naveda, en declaraciones a este periódico.

El parte de lesiones que emite el médico que atiende al profesional agredido se remitirá al colegio profesional correspondiente en lugar de enviarlo directamente al juzgado como se hacía hasta ahora. El atacado tramitará la denuncia en el propio colegio, que la remitirá junto con el parte de lesiones a la fiscalía o al juzgado correspondiente. Así, el fiscal conocerá que se trata de un caso de atentado contra un funcionario público, delito tipificado en los artículos 550 y 551 del Código Penal que conlleva penas de prisión de uno a tres años. El protocolo detalla que el agredido establezca como domicilio el de su colegio, con lo que no trascenderán sus señas particulares. "El agresor ya no le podrá decir al recurrente 'sé dónde vives", destacó gráficamente Urigoitia.

Como aclaró la fiscal jefe del Superior, María Ángeles Montes, no es que con el protocolo se haya tipificado un delito nuevo, sino que éste "plasma una solución prevista en la legislación que, por no conocida, no se utilizaba". Se considerará atentado contra funcionario público, detalló Montes, la agresión grave que haya sido motivada por el desempeño de la función de médico, aunque esta no se produzca dentro del centro sanitario.

Los colegios profesionales presentan el protocolo como una iniciativa que contribuirá a disuadir a agresores potenciales, transmitiéndoles que "la violencia resultará siempre estéril y será perseguida con todas las armas del Estado de Derecho". "Es un aviso para que sepan que no se irán de rositas con una multa o un arresto domiciliario de un fin de semana", insistió Naveda. Aunque las acusaciones por atentado en estos casos ya se aplican en otras tres comunidades autónomas (Andalucía, Galicia y Cataluña), Euskadi ha sido la primera que establece el mecanismo por el que los colegios tramitarán las denuncias.

Urigoitia lamentó que los episodios de violencia se hayan extendido de los servicios psiquiátricos, en los que se concentraban antes, a todo el sistema: urgencias, atención primaria, visitas domiciliarias,... "Parece que los comportamientos agresivos están de moda", sostuvo, lo que atribuyó a un "reflejo del cambio en la escala de valores que se ha producido en nuestra sociedad". Así, entre las causas que llevan a un paciente o a sus familiares y allegados a agredir al personal sanitario citó "los derechos inexistentes, la aparente ausencia de deberes, las expectativas excesivas que no se ven cumplidas, las deficiencias estructurales y la discapacidad para soportar la ansiedad ante la enfermedad". Osakidetza ya cuenta con un protocolo para que los profesionales sepan cómo reconducir una situación de violencia.

La fiscal jefe matizó que el delito de atentado está tipificado por igual para cualquier profesional del sistema público, por lo que las denuncias por agresiones al resto del personal sanitario pueden tramitarse igual.