Los viticultores retan al Gobierno al emplear a miles de inmigrantes sin contrato

Los inspectores del Ministerio de Trabajo podrán recoger una buena cosecha en Castilla-La Mancha a partir del lunes, cuando comenzará oficialmente la mayor vendimia del mundo. Los agricultores de la región se disponen a emplear a miles de inmigrantes sin permiso de trabajo para recolectar 2.750 millones de kilos de uvas durante 25 días. La mayoría son rumanos y búlgaros con derecho a residir en España, pero sujetos a una moratoria que les impide trabajar por cuenta ajena sin permiso expreso de la Administración. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, advierte que será "inflexible" en el control de los contratos.

Todos son conscientes de que aplicar la ley podría provocar el hundimiento del sector

Hasta el miércoles, los agricultores habían presentado en la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha solicitudes para contratar a 12.800 extranjeros. Pero, sólo en Ciudad Real, precisan 30.000 trabajadores para recoger la uva, según cálculos de Trabajo. Dado que los jornaleros españoles disponibles en la provincia oscilan entre 5.000 y 10.000, los patronos deberán emplear entre 20.000 y 25.000 extranjeros. El doble de los que han pedido para toda la región.

El conflicto es grave. En primer lugar, por su dimensión económica: 600.000 hectáreas de cultivo y 18.000 hectolitros de vino en los que descansa el sustento de 70.000 familias. En segundo, por su dimensión política: los sindicatos de agricultores, en realidad patronales agrarias, han desafiado la ley y al Gobierno. Así lo admitió hace 15 días Máximo Díaz-Cano, delegado del Gobierno: "Intentan forzarnos a mirar hacia otro lado".

Desde mayo, las delegaciones de Trabajo vienen advirtiendo de que, según el decreto aprobado por el Gobierno el año pasado, las contrataciones de inmigrantes en sus países de origen debían presentarse, como mínimo, tres meses antes de iniciar su actividad laboral. El plazo afecta a rumanos y búlgaros, que entraron en la UE el 1 de enero, pero con una moratoria de dos años para trabajar por cuenta ajena. Luego, el plazo se rebajó a dos meses en Castilla-La Mancha.

Además, una "interpretación generosa" de las instrucciones de la Dirección General de Inmigración permitía a los agricultores contratar a rumanos y búlgaros que están en España. Esa fórmula se limitaba a los trabajos de temporada. Los empleadores sólo tenían que presentar en la Delegación sus expedientes empresariales y fotocopias de los pasaportes de los extranjeros para que las autoridades cotejaran su edad, antecedentes penales... Debían aportar esos datos con una antelación de entre mes y mes y medio, ya que los de rumanos y búlgaros debe ser comprobados en España y en sus países.

Aunque no habrá tiempo para resolver la mayoría de los 12.800 expedientes presentados antes de comenzar la vendimia, la Delegación sigue admitiendo solicitudes. Y esas personas empezarán a vendimiar sin contrato. Una situación anómala que explica así Díaz-Cano: "Al menos, así tenemos la identidad de empresarios y trabajadores y a éstos podremos garantizarles el alta en la Seguridad Social".

El conflicto es político y económico, pero las razones por las que los empresarios prefieren arriesgarse a contratar braceros sin permiso de trabajo parecen tener que ver con la antropología. "Muchos de los patronos fueron trabajadores explotados y ahora repiten la historia con otra gente", explica indignado Manuel Delgado, primera víctima política del conflicto. Hasta el miércoles era responsable nacional de campañas agrícolas de la Federación Agroalimentaria de CC OO. Ese día convocó en Toledo una rueda de prensa donde acusó a Díaz-Cano de "ceder al chantaje de la patronal" y "saltarse la ley a la torera" al regularizar a extranjeros "de una forma arbitraria y saltándose todos los requisitos".

Horas después, CC OO de Castilla-La Mancha emitió una nota en la que loaba las iniciativas del delegado, "tendentes a garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores frente a situaciones muy complejas y conflictivas provocadas, muy especialmente, por el proceder de determinadas patronales agrarias". Y cerraba: "Las consideraciones hechas en rueda de prensa no se ajustan a la valoración que hace CC OO de las actuaciones del delegado del Gobierno".

Delgado relató a este periódico que sus superiores en el sindicato le pidieron que rectificara o desmintiera sus declaraciones. "Rectificarlas sería admitir que son incorrectas, y no lo son. Desmentirlas supondría decir que he mentido, y yo he dicho la verdad. Por lo tanto, ni rectifico ni desmiento: dimito".

Nadie en Castilla-La Mancha ha secundado las denuncias de Delgado. Todos son conscientes de que la aplicación de la ley podría provocar el hundimiento de la vendimia y un conflicto social imprevisible. Hace dos meses, Pedro Barato, presidente de Asaja, la patronal mayoritaria en la región, lanzó un desafío a las autoridades que le instaban a contratar legalmente: "La uva no se va a quedar en el suelo".

Los agricultores, animados por Asaja, querían contratar "como toda la vida": en la plaza del pueblo. Y exigieron que se levantara la moratoria sobre rumanos y búlgaros. La mayoría rechazó las alternativas de la Administración. El representante de Trabajo en Ciudad Real, Áureo Ruiz, explicaba así la actitud de los empleadores: "Desidia, imprevisión, incapacidad de planificar a largo plazo". Roque Gutiérrez, presidente de la Cooperativa Santiago Apóstol de Moral de Calatrava, un pueblo que produce 40 millones de kilos de uva, ni se altera cuando se le hace ver que la actitud de los suyos puede poner en peligro los 400 millones en subvenciones que la vendimia recibe de la UE: "Ya...", contesta.

Así se ha llegado a la situación actual. Los agricultores necesitan a miles de inmigrantes. Y éstos, sin permiso de trabajo, buscan empleo en las plazas de los pueblos. Como hace cuarenta años.