Disputa férrea en precampaña

La disputa entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España se recrudece en un ambiente de precampaña para las elecciones generales del año próximo. La competencia sobre los trenes de cercanías, que en 2004 el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, prometió transferir a Madrid, se ha convertido en el arma arrojadiza entre las dos Administraciones. Y ello cuando ambas deberían estar centradas en negociar los puntos del convenio sobre carreteras que el pasado lunes, en un encuentro en La Moncloa, el presidente del Gobierno y su homóloga en la Comunidad, Esperanza Aguirre, se comprometieron a que estuviera listo en un mes.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, insistió ayer tras el Consejo de Ministros en que sólo se negociará la transferencia de la gestión y la participación en las inversiones de los ferrocarriles de Cercanías. Y precisó que únicamente se abordará el asunto con las comunidades autónomas que lo tengan recogido en su Estatuto de Autonomía. La primera, Cataluña.

Madrid no está entre ellas para el Gobierno central. Ya lo dijo el mismo lunes la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado. "Nadie puede quejarse de las disposiciones de un Estatuto y luego reclamar cuestiones que no están en el suyo", justificó la ministra en alusión a Aguirre, muy crítica con el Estatuto de Cataluña. Pero aclaró: "Que ahora no se traspase, no quiere decir que no se esté abierto a negociar en el futuro".

Sin embargo, este argumento no le sirve a la presidenta regional. Aguirre emplazó ayer a la ministra a leerse el Estatuto de Autonomía madrileño, que en su artículo 26.6 afirma que son de competencia exclusiva del Gobierno regional los "ferrocarriles cuyo itinerario discurra íntegramente en el territorio de la Comunidad de Madrid". La presidenta interpreta la negativa en un "cambio de actitud del Gobierno", que en 2004 le prometió la transferencia de los cercanías y ahora se ha echado atrás.

El Gobierno regional no tiene pensado ejercer ningún tipo de acción para que el Ejecutivo de Zapatero reconozca su derecho a recibir la transferencia. "Es al revés", afirmó una portavoz de la Comunidad de Madrid. "Tendrá que ser el Gobierno quien demuestre por qué no está incluido en el Estatuto y argumentar por qué no nos van a dar esas transferencias".

Quien sí ha tomado la iniciativa es el grupo del PP en la Asamblea de Madrid. Ayer registró en la Cámara una proposición no de ley en la que insta al Gobierno regional a dirigirse al Ejecutivo central y reclamarle la transferencia de la competencia, "con el fin de dar cumplimiento a lo contenido en el Estatuto de Autonomía de Madrid, a las mociones aprobadas por el Senado, así como a los compromisos adquiridos con el Gobierno de la Comunidad de Madrid". Además, la propuesta plantea al Gobierno central que, mientras siga ostentando la competencia, amplíe la red en unas 20 estaciones. La proposición no de ley se discutirá en el primer pleno del curso, el próximo 4 de octubre.

La portavoz del grupo socialista Maru Menéndez, que enmarca esta iniciativa en la "insistente batalla contra Zapatero", interpreta que el PP quiere arrebatar el contenido social que los socialistas querían imprimir al primer pleno. Habían registrado una proposición no de ley que reclama a Aguirre el desarrollo de la Ley de Dependencia y querían debatir de servicios sociales.

El grupo socialista, que llevaba en su programa electoral la promesa de reclamar la transferencia de los trenes de cercanías, cree, según Menéndez, que es una "contradicción" que Aguirre, "que ha hecho una campaña contra el traspaso de competencias a algunas comunidades o el desarrollo competencial de algunos estatutos, se desmarque a pedir ahora competencias que no están contempladas" en el Estatuto de Madrid. La portavoz socialista reconoce que la norma madrileña incluye la competencia sobre los trenes de la región, pero matiza: "La Comunidad no es una malla que se cierra y se puede aislar del resto de la red". Por eso, cree que sería conveniente reformar el estatuto y emular a Cataluña, que tiene expresamente competencias sobre "las infraestructuras de titularidad estatal" de su territorio. La reforma, que requiere de mayoría cualificada en la Cámara regional, es muy difícil mientras PSM y PP no aparquen sus rencillas.