Dos directivos de una fundación confiesan en el juicio que estafaron 500.000 euros

Juan Gabriel Martínez Cañaveras y Antonio Miguel Torrico Ruiz confesaron ayer en la Audiencia de Barcelona que defraudaron más de 500.000 euros a la fundación que dirigían, dedicada a la atención de los discapacitados físicos y psíquicos. El fiscal solicitaba para ellos 11 años de cárcel, pero al inicio del juicio se conformaron con una rebaja de la condena a dos años, que no comportará su ingreso en prisión.

El fiscal relata en su escrito de acusación que 35.581 euros se destinaron a pagar a sus esposas contratos simulados con la Fundación Privada Maresme y la asociación vinculada Centro Especial de Ocupación del Maresme. Las mujeres, Pilar Tejada del Río y Teresa Fernández Valera, serán condenadas a la misma pena de dos años de cárcel.

El fraude se cometió entre 1997 y 2000 y se concretó también en la emisión de facturas a nombres de empresas inexistentes o inoperantes a las que se fingió abonar unos cheques que se quedaron los directivos. Igualmente compraron todo tipo de electrodómésticos para sus domicilios y pagaron con el dinero de la fundación a la empresa que les adecentó el jardín del chalet.

Sin embargo, la mordida más cuantiosa de la estafa fue de 409.237 euros y para ello simularon dos facturas por supuestos trabajos a cargo de la empresa Metalcom, propiedad del padre de Torrico. Afirma el fiscal en su escrito que la fundación quedó en una situación de "gran precariedad económica", que no se pudieron atender las necesidades de vivienda de los discapacitados y que los programas de empleo y educativos quedaron mermados.