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Editorial:

Restricciones nacionales

Mientras el comisario de Justicia europeo, Franco Frattini, anuncia que la Unión deberá acoger 20 millones de inmigrantes en las dos próximas décadas, los Gobiernos del Reino Unido y Francia sugieren o aprueban medidas restrictivas para la llegada y permanencia de los trabajadores extranjeros. Frattini está estudiando la creación de una carta azul europea equivalente a la carta verde que existe en Estados Unidos, con la que, según con sus previsiones, se podría corregir la relación entre trabajadores cualificados y no cualificados que acoge la Unión, aumentando de manera sustancial el porcentaje de los primeros.

Coincidiendo con estos proyectos, el nuevo primer ministro británico, Gordon Brown, ha sugerido a las empresas y empleadores de su país la conveniencia de contratar trabajadores del Reino Unido, contribuyendo a reducir así una bolsa de marginalidad en la que se encuentra medio millón de británicos. Aunque Brown se ha limitado a invitar a que se adopte este criterio, el razonamiento que subyace es en buena medida concomitante con la "preferencia nacional" y, desde esta perspectiva, hace que el discurso democrático, y el europeo, pierda parte de su efectividad ante unas prácticas con las que resulta incompatible. Frente a la sugerencia de Brown, los partidos xenófobos no tardarán en proclamar que los Gobiernos democráticos hacen lo que ellos dicen, sólo que de forma tímida y vergonzante.

Ni la timidez ni la vergüenza constituyen, sin embargo, el principal inconveniente de las nuevas medidas adoptadas por el presidente francés, Nicolas Sarkozy. El objetivo de deportar a 25.000 extranjeros que residan ilegalmente en Francia, ni uno más ni uno menos, puede formar parte del arsenal propagandístico de un presidente que idolatra la eficacia, pero no de los instrumentos políticos para abordar el fenómeno de la inmigración. La deportación es el último eslabón de un procedimiento en el que participan jueces y tribunales, cuya tarea es dictar resoluciones justas, no un mayor o menor número de resoluciones. Pero el Gobierno francés se propone, además, incluir análisis genéticos financiados por los propios demandantes de visado para resolver los expedientes de reagrupación familiar.

Si hasta ahora el establecimiento de una política común en materia de inmigración era una tarea urgente en Europa, hoy empieza a perfilarse como un antídoto imprescindible para evitar que las ocurrencias imaginativas de los Gobiernos se ceben con los trabajadores extranjeros. En vez de establecer una política común que tome en consideración los intereses coincidentes de los países receptores y los de origen, así como el escrupuloso respeto a los derechos humanos y a la igualdad ante la ley, cada uno de los países miembros tiende a lanzarse demagógicamente a experimentar con ideas que satisfagan a las opiniones nacionales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 14 de septiembre de 2007