Aguirre se inventa otro examen

Lo avanzó en el programa electoral escuetamente y lo ratificó en el debate de investidura. Y ayer, sin que la comunidad de centros educativos supiera que volvía a la carga, lo soltó en la inauguración del nuevo curso escolar. Esperanza Aguirre ha puesto ahora en el punto de mira a los alumnos de tercero de ESO (15-16 años), que deberán superar una prueba de evaluación de conocimientos básicos como la que ya instauró hace tres años en sexto de primaria. Ésta servirá, dice Aguirre, para "comprobar la adquisición de los contenidos esenciales de Lengua, Literatura, Geografía, Historia, Naturales y Matemáticas". "Queremos recuperar el valor del estudio, del mérito académico y de la instrucción", proclamó ante un auditorio de niños.

La presidenta animó también a los colegios a que implanten el uso del uniforme

La comunidad de profesores y de padres y madres recela de la utilidad del examen

Pero la comunidad de profesores y de padres recela de su utilidad y de sus verdaderos propósitos. Reclaman que este tipo de pruebas vayan acompañadas de medidas de apoyo e, incluso, de evaluaciones de los procesos y de la propia Administración. Sin medidas de corrección, dicen, la utilidad de este examen será igual a la del que deben superar los alumnos de la región en sexto de primaria: cero.

La Ley Orgánica de Educación (LOE) ya contempla dos pruebas de evaluación de conocimientos: en cuarto de primaria (9 años) y en segundo de la ESO (13-14 años), ambas muestrales (sólo las realizan algunos centros elegidos al azar). Pero Aguirre considera que no son suficientes. Las que su Gobierno ha implantado son censales (las harán todos los centros) y, según anunció en su discurso de investidura, los resultados serán públicos y el consejero de Educación los presentará en la Asamblea. Muchos temen que la prueba, al fin, sólo sirva para configurar un ranking de centros educativos de la región. Al estilo de las universidades americanas.

"Cuando evalúas, tienes que sacar conclusiones y actuar. Si las consecuencias son las mismas que las de la prueba de sexto, hacer un ranking de los centros de la comunidad, más vale que no la hagan", denuncia Paco García, responsable de Educación de CC OO. "No se puede comparar lo incomparable. No es lo mismo un centro que logra que la nota media pase de 4 a 6 que uno que consigue que pase de 7 a 7,5".

Tampoco entusiasma la idea a los centros educativos y a sus directores. Además, dicen, se han enterado por la prensa. "En vez de analizar los resultados, que es muy fácil, podría evaluar los procesos para saber qué es lo que se hace bien y lo que se hace mal en el sistema educativo", critica Ángeles González, directora del IES Juan de Mairena, en San Sebastián de los Reyes.

Al presidente de la Asociación de directores de instituto de la Comunidad de Madrid, que agrupa a unos 200 centros de los 300 que tiene la región, la prueba le parece "superflua". "Las pruebas en sí no me parecen mal. Pero luego no van acompañadas de ninguna medida de corrección", denuncia José Antonio Martínez. "En todo caso, también podríamos evaluarlo todo. Veamos también a fin de año si la consejería hace los deberes".

Los representantes de los centros religiosos, privados y concertados, han acogido la noticia con reservas. "Las pruebas no son malas. El funcionamiento de los centros puede mejorar", admite Emilio Díaz, portavoz de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE). "Pero estamos en contra, y se lo hemos trasladado varias veces a la consejería, que se establezca o se publique cualquier tipo de ranking. La calidad del centro se ve en muchas cosas", insiste.

Las partes consultadas, en general, consideran la prueba irrelevante. Intrascendente si no sirve para cambiar los procesos educativos. La asociación de padres y madres Giner de los Ríos, de corte progresista, va un poco más allá. "Sólo busca los titulares en la prensa y la confrontación", denuncia José Luis Pazos. "La prueba de sexto no fue rigurosa; la consejera dijo que había sido más difícil que el año anterior, y que por eso la nota era más baja. Al menos nos gustaría que la prueba estuviera consensuada y fuera rigurosa", añade.

En la inauguración del curso escolar de ayer -que estrena código de buena conducta, prohíbe los MP3 o móviles en clase y da más autoridad a los profesores-, Aguirre lanzó también sugerencias, deseos que quisiera ver cumplidos quién sabe cuándo. Así, animó a todos los centros a implantar el uso del uniforme entre los alumnos, si lo quieren sus consejos escolares.

Esta ilusión que tiene Aguirre, en sintonía con los valores de autoridad y respeto que defiende Nicolas Sarkozy -como tratar de usted a los maestros o ponerse en pie cuando entran en clase- y que ella ha admitido compartir, sí gustó a la FERE, que consideró el uso de la prenda "muy positivo". "Economiza, es cómodo y evita situaciones de discriminación en función de marcas. Supone igualar y evitar distinciones excesivas", argumenta Emilio Díaz.

La federación de asociaciones de padres y madres Ginés de los Ríos se lo tomó con menos alegría. "No entendemos que haya ninguna razón pedagógica. Es una medida extendida en los centros privados y concertados y será sólo una excusa para subvencionar la compra de uniformes en esos colegios. No tiene ninguna ligazón con lo que dice de la convivencia. Si eso fuera así, esto sería un sistema autoritario. Quizá los parlamentarios también tendrían que ir uniformados. La sociedad es plural, y reclamamos la visibilidad de las diferencias".

Unos treinta colegios de la región, con aproximadamente 9.000 niños, empiezan este curso con el uso del uniforme ya aprobado por el consejo escolar y la dirección. La aburrida y monocorde vestimenta viene a representar los valores de la igualdad.