Desencuentro fatal

La falta de entendimiento entre socialistas y populares para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aboca a que el acto de apertura del año judicial, el próximo día 17 ante el Rey, deba celebrarse con un presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ (el máximo órgano representante de la justicia en su doble dimensión jurisdiccional y gubernativa), que está en funciones desde hace más de 10 meses tras haber expirado su mandato legal de cinco años en ambos cargos.

Esa misma falta de entendimiento amenaza con aplazar sine die la renovación en diciembre de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, que corresponde al Senado. El desencuentro entre socialistas y populares comienza a alcanzar cotas difícilmente soportables para el funcionamiento del entramado institucional del Estado. Y lo peor es que los dos partidos mayoritarios, de cuyo acuerdo parlamentario depende la renovación de los órganos constitucionales del Estado, no parecen ser conscientes de ello, enfrascados como están en una pugna electoral.

El PP se opone a que las autonomías participen en la designación de los magistrados del Constitucional. Pero el partido de Rajoy no explica claramente las razones por las que se opone a una reforma que encaja bien con el carácter territorial del Senado y que le aporta contenido. Se trata, además, de una reforma que sigue el espíritu de la acometida por los populares en la anterior legislatura en el ámbito del CGPJ: abrir la designación parlamentaria de sus 12 vocales de extracción judicial al conjunto de los jueces -asociados y no asociados- permitiéndoles presentar en el Parlamento 36 candidatos entre los que elegir.

En el caso del CGPJ, el último pretexto esgrimido por los populares para aplazar su renovación hasta después de las elecciones generales de marzo es su rechazo a que estén representadas las minorías nacionalistas. Pero eso contradice la historia de ese órgano, y la propia práctica política del PP, que en no pocas ocasiones ha estado de acuerdo en abrir el CGPJ a las minorías, nacionalistas o no, se trate del PNV, CiU o Izquierda Unida. ¿Por qué sería rechazable ampliar más esa representación? Son cuestiones discutibles, pero que no pueden ser excusa para rehuir la cuestión fundamental, que es que las instituciones funcionen y no estén al servicio de las estrategias políticas de los partidos.