Madrid está a la cola de España en la aplicación de la Ley de Dependencia

Manuela Miguélez, de 66 años, ha dejado de arreglarse, de salir, de relacionarse, de pensar. Dice, para ir al grano, que ha dejado de vivir. Desde hace cinco años, cuando tuvo que prejubilarse para cuidar a su tía y a su madre -ambas dependientes graves- lo ha tenido que ir vendiendo todo y tirar del falso fondo de la maleta de sus ahorros.

Trabajo dice que la Comunidad ni siquiera ha desarrollado el reglamento de la norma

Su tía murió en junio. Ahora sólo se encarga de su madre, que tiene 84 años, padece trastorno bipolar desde hace 20 y está en estado vegetativo. Recibe una pensión de 782 euros al mes y unos 500 más de la de su madre. Pero sus gastos, incluidos los 700 euros que paga a una persona para que la ayude cada día, superan con creces sus ingresos. "Necesito silla de ruedas, cama articulada, cremas especiales, colchones antiescaras... Y hasta hace poco, lo he comprado todo por duplicado", enumera.

Manuela tiene el perfil ideal para celebrar la aprobación el pasado diciembre de la Ley de Dependencia. Para dar saltos. Pero no. Su vida no ha cambiado. La ley le parece "una gran desilusión", "una decepción profunda", "el timo de la estampita". Y eso que la recibió como agua de mayo. Lleva solicitando la evaluación del grado de dependencia de su madre desde el pasado mayo ante la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, y todo lo que ha recibido por respuesta es un "ya la llamaremos". Así que, más de nueve meses después de su entrada en vigor, la Ley de Dependencia no existe para Manuela.

Pero tampoco es palpable para el resto de las familias de los 23.000 madrileños dependientes de grado tres, el más alto y por el que supuestamente, según denuncia el PSOE, debiera empezar la aplicación de la norma. El Estado tiene apartados 23,5 millones de euros para ellos. Pero, según el Ministerio de Trabajo, Madrid es la única región que no ha desarrollado el reglamento para aplicar la ley. El departamento señala también que Madrid y Murcia son las únicas regiones que no han aportado ni un sólo dato de evaluación de los dependientes. Un requisito ineludible para recibir las ayudas. Por eso, Manuela mandó su solicitud en mayo. La Comunidad le contestó por carta en julio reconociendo el grado de dependencia de su madre pero instándola a la futura y definitiva valoración por parte de uno de los equipos de evaluación. "Hemos protestado varias veces, pero te mandan de un teléfono a otro", denuncia. "Y todavía no ha venido nadie". La última vez que habló con ellos fue en agosto.

La Comunidad cuenta con un equipo de 64 expertos para la evaluación de las personas que no pueden valerse por sí mismas. En la región hay unas 200.000 dependientes. Así, con estos datos, cada evaluador tendría que examinar a 3.125 personas. Si cada uno viera a cinco dependientes al día, tardaría 625 días en terminar su trabajo. Muchos, como la tía de Manuela, probablemente no resistirían la espera.

La consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid asegura que de las 9.000 solicitudes que ha recibido ha evaluado ya a 3.600 personas. Dicen que están cumpliendo escrupulosamente con los plazos de la ley y que si los ciudadanos no han visto ni un euro del Estado es porque éste no ha terminado de desarrollar la norma. Pero el ministerio replica que Madrid es la única región que no ha presentado ninguna medida de desarrollo de la norma ni proyecto de financiación. Y que eso es el comienzo de todo. Y que, en definitiva, hoy siguen sin tener noticias de Madrid.

Si Manuela pudiese acogerse ya a la Ley de Dependencia de una vez por todas recibiría hasta 780 euros mensuales que aflojarían el nudo en el cuello que cada día le aprieta más. "Lo que más me cabrea es que otros colectivos, como el religioso, reciban ayudas sin haber hecho nada por este país", dice excusándose por usar el verbo "cabrear".