El alcalde y cinco ediles de Oropesa, imputados por prevaricación por un PAI

El Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón ha llamado a declarar, en calidad de imputados, a los cinco miembros del anterior equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Oropesa (Castellón), a un edil del grupo de no adscritos, al arquitecto, la secretaria municipal y al presidente del grupo Marina d'Or, Jesús Ger, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación urbanística. La investigación parte de una querella de afectados por un plan aprobado por el Ayuntamiento sobre Les Amplaries, una zona de expansión del complejo residencial ya existente.

La Generalitat afirma que en los trámites del plan concurren "causas de ilegalidad"

Sobre el mismo plan pesa, además, una demanda presentada por la Generalitat contra el mismo Ayuntamiento de Oropesa pese a que el PAI (programa de actuación integrada) contó con el visto bueno de la Consejería de Territorio cuando estaba bajo la dirección de Rafael Blasco. Según el escrito de la Administración, se ha negado la inscripción del programa en el registro autonómico de PAI "por concurrir en el mismo manifiestas causas de ilegalidad".

En la querella, admitida a trámite, se expone que la gestión del plan, adjudicado a una de las empresas del grupo Marina d'Or, fue "totalmente arbitraria, inmotivada, irrazonable y derivada de la simple voluntad de los funcionarios y autoridades que adoptan la decisión, que hace que sobrepase el grado de ilícito administrativo". Para los querellantes, "la decisión adoptada fue ilegal y además con una celeridad que denota un especial interés por llevarla a cabo y ejecutarla".

La aprobación se remonta a 2005, cuando el Ayuntamiento aprobó de forma provisional el programa que afecta a alrededor de 350.000 metros cuadrados. Hasta mayo de 2006, cuando se aprobó de forma definitiva, la tramitación estuvo plagada de irregularidades. Así, por ejemplo, la cédula de urbanización que precisaba el programa fue firmada personalmente por el director general de Ordenación Territorial, Pedro Grimalt, después de que la comisión técnica de Territorio dictaminara de forma negativa. En el expediente figura también un informe del técnico de vías pecuarias en el que reconoce haber recibido instrucciones del director provincial de Territorio, Jorge Traver, para que realizara su dictamen de forma poco exhaustiva. Además, el programa precisaba del informe favorable de la dirección general de Costas, que fue negativo hasta en dos ocasiones, tras lo cual Ayuntamiento dio por bueno un escrito presentado por la empresa adjudicataria en el que se desautoriza la potestad del Ministerio de Medio Ambiente. Pese a todas las anomalías, el PAI fue aprobado con los votos a favor de todos los concejales del PP, incluidos el alcalde, Rafael Albert, el responsable de Urbanismo, Tomás Fabregat, y del edil expulsado del PSPV, Juan Manuel Ribes.

Sobre ellos, la querella sostiene que "desde su función pública utilizaron su posición para imponer su decisión y, en beneficio de un amigo, perjudicar a los propietarios directamente afectados así como a los intereses generales de la población en un injustificado abuso de poder". Además, indica que "es difícil justificar que todo ello se hiciera por mera impericia, negligencia o sin dolo directo". Y añade que todos ellos tenían "plena conciencia de que resolvían al margen del ordenamiento jurídico, conculcando la legalidad urbanística -de la que estaban advertidos- y de que ocasionaban un resultado materialmente injusto, actuaron de ese tal modo porque querían ese resultado, anteponiendo el contenido de su voluntad".

La acusación sobre Jesús Ger, al que se señala como presunto autor de un delito de tráfico de influencias, hace referencia a que, según los querellantes, "aprovechó su relación personal y económica con ediles y familiares para, prevaliéndose de ésta, solicitar de éstos la aprobación de un Plan Urbanístico injusto para la causa pública, hechos que en su caso integran el delito". Así, incluyen en la denuncia una serie de documentos sobre la supuesta relación mercantil del empresario con al menos dos de los ediles que participaron en la votación, entre los que se encuentra Fabregat, que continúa en el cargo.

Para ratificar esta relación, se ha solicitado al juzgado que averigüe las rentas de trabajo, ingresos y pagos, cuentas bancarias, impuestos, transmisiones y adquisiciones de valores, vehículos, planes de pensiones y bienes muebles e inmuebles y "cuantos datos relativos a cualquier posible solvencia pudiera obrar en su poder".