Sin compromiso

Me pide un amigo mi opinión sobre el anteproyecto de Ley del Derecho a la Vivienda del Gobierno andaluz, y se la doy en público. Hay una idea fija y falsa: la idea de que las políticas sociales estropean la economía. Hoy las políticas sociales son entendidas como dinero para pobres, o para ciudadanos en general tratados como pobres, sufragados por el Estado, como si el Estado no estuviera sufragado por los ciudadanos y los pobres no fueran ciudadanos. El Estado empieza a tratar a una sola persona como ciudadano especial, como pobre, por ejemplo, y acaba tratando a todo el mundo como pobre, incluso a los que ganan 3.140 euros al mes.

Pero las políticas sociales no sólo no fastidian la economía, sino que, en lo fundamental, la sostienen. El sociólogo Manuel Castells acuñó al final de los años 70 el concepto de consumo colectivo, ese mínimo de alimento, transporte, educación y vivienda que asegura que el trabajador vaya a trabajar todos los días, y que el Estado garantiza por el bien común. Más allá de esto, incluso, los gastos sociales han impulsado históricamente la ganancia, el flujo de dinero. Estoy hablando de la Ley de Derecho a la Vivienda andaluza, pero pienso en la legislación sobre Viviendas de Protección Oficial, vigente desde los años 60 y 70 del pasado siglo, cuando España empezó a ser un país europeo del siglo XX con casi un siglo de retraso.

En 1978, en la transición del franquismo al posfranquismo sin apenas pasar por el antifranquismo, todavía se dictaban "disposiciones de política coyuntural" (son palabras de la legislación de entonces, y, a partir de aquí, sigo citándola, sin comillas) en materia de vivienda. Los gobernantes de 1978 querían, con finalidad social, poner en circulación fondos de financiación en condiciones privilegiadas para promotores y adquirientes, liberalizar el mercado, dar ayuda estatal a familias con bajos niveles de renta, frenar el paro. Iniciaban "la transición hacia una nueva concepción del sistema financiero de la vivienda basado en la creación de un amplio mercado secundario de hipotecas". Fue el principio de nuestra vida de ahora.

La memoria es una cosa perecedera, y pocos recuerdan esas cosas. Así que vuelvo al presente. El ministro de Economía, Solbes, en la Ser, hablaba el otro día de un momento de incertidumbre económica, casi sometido a fatalidades meteorológicas, a merced de turbulencias financieras. Sube el paro. ¿No sería razonable impulsar la construcción, como en 1978, como en los 80 y 90, como en todos los años 2000 que llevamos, hasta hoy? No, dice el ministro de Economía, como si se hubiera paseado por la costa y hubiera descubierto en los caminos los cientos de casas vacías que ya existen.

El Gobierno andaluz prepara una ley que garantiza el derecho a la vivienda. Esto preocupa al ministro de Economía, que tiene bajo su responsabilidad los presupuestos del Estado, y complace a la ministra de Vivienda, que prácticamente no tiene responsabilidades. ¿Han pensado cómo pagarán las viviendas que garantizan?, se preocupa el ministro. Yo creo que no tiene que preocuparse, porque el anteproyecto andaluz de Ley de Derecho a la Vivienda compromete poco al Gobierno. "La presente Ley contiene el conjunto de derechos y obligaciones que para la realización progresiva de este derecho constitucional resultan exigibles a las entidades públicas y privadas con intereses en el ámbito sectorial de la vivienda", dice el primer artículo del anteproyecto.

El derecho constitucional a una vivienda seguirá realizándose progresivamente, poco a poco, como hasta ahora, según sea factible, nadie puede forzar la naturaleza de las cosas. El plan o la promesa de hoy es construir 700.000 viviendas en 10 años, con un mínimo de 300.000 protegidas. Los constructores parecen felices. La Federación Andaluza de Promotores Inmobiliarios ya pide suelo "para que podamos hacer todo tipo de viviendas". Yo haría una pregunta: puesto que lo que se paga por la casa no debe superar, de acuerdo con la nueva ley, un tercio de los ingresos familiares, ¿irá variando el precio según varíe temporalmente la renta del comprador a plazos?